Los españoles primero

Estoy totalmente de acuerdo con el editorial que reproduzco. Iba a escribir sobre este tema (ya lo he hecho en otras ocasiones), pero el mencionado editorial me ahorra hacerlo ahora pues reitero que concuerdo con el mismo en todo lo que señala, que creo es evidente para muchísimos españoles; cada vez más para desgracia de esos jueces de opereta que tenemos que sufrir los ciudadanos, pues aunque dicen que “administran la justicia en nuestro nombre” resulta que no podemos removerlos de su puesto si no lo hacen bien, como es evidente a todas luces en base a sus actuaciones de los últimos años.

Si la justicia española ha estado politizada en el pasado tal como algunos acusan, desde que el PSOE llegó al poder la situación ha tomado ribetes de tragedia para los españoles.

Mientras nuestros jueces se dedican a ¿investigar? asuntos internacionales que nos les competen en un afán más encaminado a salir en las portadas de los medios de comunicación que de buscar justicia, perdiendo el tiempo y el dinero que los contribuyentes aportan para que hagan su trabajo, los españoles, que es para los que laboran, deben de esperar con paciencia franciscana a que se dignen resolver sus asuntos; trabajo que NUNCA hacen en el tiempo que la propia ley estipula convirtiendo a la justicia en una pantomima ineficaz y burlesca. El que esto suscribe puede hablar, además, en primera persona pues en su momento denuncié a funcionarios españoles del servicio exterior destinados en Honduras por los delitos de denegación de auxilio e incumplimiento de las obligaciones del funcionario público y los funcionarios judiciales no hicieron absolutamente nada. Ahí si podían haber intervenido ya que se trataba de un asunto que competía a ciudadanos españoles a los que si alcanza la ley española en cualquier parte del mundo en el que se encuentren; claro que ese asunto no los hubiese sacado en las portadas faranduleras.

¿A dónde quieren llevarnos?

“¿Quiénes somos nosotros para arreglar la casa ajena cuando tenemos que arreglar tanto en casa propia?”. Podría elaborarse más el planteamiento de Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo, pero no exponerse de un modo tan claro y contundente como lo hizo este lunes en una declaración pública. Es en la fuerza de lo obvio donde radica su originalidad. Asistimos en España a una crisis judicial de primer orden, cuyo síntoma más visible es el malestar general con el estado de la justicia, mientras algunos jueces se empeñan en abrir peregrinas causas que poco o nada tienen que ver con la jurisdicción española, que es la que a ellos les compete.

La jurisdicción universal, un concepto jurídico muy reciente y bastante desconocido, podría resultar razonable siempre y cuando afectase a los intereses de súbditos españoles en el extranjero que, como bien ha indicado Dívar, no hayan sido suficientemente protegidos más allá de nuestras fronteras. Pero de ahí a convertir la jurisdicción universal en una suerte de salvoconducto para incoar causas internacionales y con cualquier pretexto hay un trecho considerable. Demasiados puntos negros tiene la justicia en España como para que sus administradores se dediquen a ir de justicieros por medio mundo.

Baltasar Garzón, el eterno juez estrella cuya ansía de notoriedad es sobradamente conocida dentro y fuera de España, es quizá el representante más distinguido de esta justicia universal ejercida desde un juzgado de Madrid. Pero no es el único ni el más sangrante. Otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha emprendido una campaña judicial contra el ejército de Israel por un bombardeo selectivo de éste sobre la casa de un líder de Hamas en un barrio de Gaza allá por el año 2002. De nada ha servido que el propio fiscal de la Audiencia haya pedido que se archive la causa por considerar que España no puede actuar como una “tercera instancia penal” en el caso. Andreu sigue en sus trece provocando incluso un conflicto diplomático con el Gobierno israelí.

Andreu, ocupado en arreglar en casa ajena descuidando el lamentable estado de la propia, se escuda tras el Convenio de Ginebra para juzgar un asunto que ni va ni viene con la justicia española. Y no sólo eso, todo el caso del ataque a Gaza apesta a las consignas clásicas de la izquierda antisemita. La causa, nacida de la denuncia de una ONG palestina, involucra actualmente a siete militares israelíes incluido el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, pero en origen incluía al entonces primer ministro Ariel Sharón, objetivo predilecto de la última hornada de judeofobia. Contrasta además el celo de Andreu en investigar al ejército israelí cuando ni él ni ningún otro juez se han preocupado nunca de escrutar las acciones de Hamas dentro de su territorio que no son, precisamente, muy respetuosas con los derechos humanos.

Podría decirse lo mismo de Garzón y sus incursiones internacionales en las que jamás ha iniciado proceso alguno contra dictadores socialistas, con o sin españoles de por medio. Este, según parece, es el universalismo de la justicia española. Un universalismo caprichoso que responde más a criterios ideológicos que jurídicos y que no le hace ningún bien a la justicia, ni a la diplomacia, ni a España.

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Los españoles no se fían de la Justicia. Esto es lo que se desprende de la encuesta realizada por el Sigma-Dos para El Mundo. De hecho, más de un 60 por ciento de los encuestados creen que el funcionamiento del órgano judicial es deficiente o muy deficiente. Además, más de la mitad de los españoles culpan de esta situación a los políticos por un 20,3 que creen que los responsable son los jueces. Una opinión generalizada, apoyada por el 66,1 por ciento, es que la Justicia protege más a los delincuentes que a las víctimas.

El 66% de los españoles cree que la Justicia protege más al delincuente que a la víctima

* Los españoles suspenden a la Justicia en eficacia y en independencia
* Seis de cada 10 tachan de ‘deficiente’ el funcionamiento de los juzgados
* Mujeres y personas de mayor edad, los más críticos con la Justicia

La imagen que refleja el espejo no es buena. No es sorprendente. De la mano de los estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Justicia ha sido sometida periódicamente al escrutinio sociológico y el resultado nunca ha sido positivo. De todos los poderes e instituciones del Estado, la Administración de Justicia ha sido tradicionalmente una de las peores valoradas por los ciudadanos, por debajo del Gobierno o del Parlamento. Pocas veces ha logrado superar un cuatro ramplón en una escala de cero a 10.

Los expertos en demoscopia sostienen que no es un mal resultado teniendo en cuenta que en estos estudios de opinión los promedios rara vez suben de seis o bajan de tres. También advierten que los juicios que emiten los ciudadanos sobre los Tribunales se basan, en gran medida, en las informaciones que proporcionan los medios de comunicación, más que en experiencias personales de conocimiento.

Aun teniendo en cuenta estas prevenciones, las encuestas que, como la elaborada por Sigma Dos para EL MUNDO, han pulsado el estado de la opinión social sobre la Justicia insisten en los mismos signos de alarma: el sistema judicial no es capaz de dar una respuesta eficaz —en términos de tiempo y de calidad— a las demandas ciudadanas de tutela de sus derechos; o los órganos judiciales están condicionados por la influencia que ejercen sobre ellos los poderes políticos, e instituciones situadas en la clave de bóveda del Estado de Derecho, como el Tribunal Constitucional, son percibidas como órganos politizados y en absoluto independientes. Éste es, a ojos de los ciudadanos, el dibujo de la Justicia española, y no sólo en la actualidad sino a lo largo de 30 años de democracia.

Seis de cada 10 de los encuestados por Sigma Dos califican de “deficiente” o “muy deficiente” el funcionamiento de los juzgados y sólo uno (el 8,1%) lo cree “bueno” o “muy bueno”. Son porcentajes aún más negativos que los que maneja el CGPJ, lo cual puede tener una explicación en el hecho de que la encuesta elaborada para EL MUNDO se realizó justo después del caso Mari Luz o del crimen de Alovera.

Las mujeres son más críticas que los hombres. Y la opinión empeora conforme los encuestados avanzan en edad: si el porcentaje que evalúa deficientemente el funcionamiento de la Justicia es del 52,9% cuando se trata de menores de 30 años, pasa a ser del 57,8% en la franja de 30 a 44 años y del 67,3% en la de 45 a 64 años. Ente los mayores de 65 años, el porcentaje de opinión negativa se eleva al 69,9%.

Por tendencia política, los votantes de IU son los que expresan un juicio más severo. Ninguno de ellos percibe un buen funcionamiento de los Tribunales. No obstante, son los del PP los que creen en un porcentaje más alto (el 68%) que funcionan mal y muy mal. Incluso entre los afines al PSOE son mayoría los que tienen una opinión negativa, aunque en mucha menor proporción (el 54,6%).

Poca protección a la víctima y escasa división de poderes

La responsabilidad de esta situación corresponde, en opinión mayoritaria del 51,1%, a los políticos, pero es considerable el porcentaje de los que culpan a los jueces (20,3%).

Seis de cada 10 ciudadanos creen que el sistema judicial garantiza más los derechos de los acusados que los de las víctimas. Se trata de una percepción reiterada en otros barómetros.

Aunque la mayoría considera que en España hay división de poderes (el 62,7% frente a la opinión negativa del 27,9%), la plasmación práctica de este principio parece dejar bastante que desear. Para una rotunda mayoría, del 70%, los gobiernos utilizan su poder en los tribunales para controlar las decisiones de los jueces. Lo creen más los hombres que las mujeres y es una opinión extendida en un porcentaje similar en todos los tramos de edad. Esta percepción está más instalada entre los votantes del PP (79%), que entre los de IU (76%) o PSOE (66,1%).

Desde el punto de vista de las instituciones, el juicio negativo sobre el Tribunal Constitucional es muy acusado. El 71,2% piensa que es un órgano politizado, frente al 17,6% que defiende su despolitización.

Respecto al CGPJ, son mayoría (el 59,8%) los que sostienen que hay que volver al sistema de elección de sus miembros compartido entre los jueces y el Parlamento, tal como se hacía antes de la ley socialista de 1985. En porcentajes minoritarios, son más los que creen que todos los vocales deberían ser elegidos por el propio cuerpo judicial (16,3%) que los que consideran preferible una designación exclusivamente parlamentaria (14,1%). Es llamativo que los votantes socialistas (el 61,5%) se declaren partidarios del sistema mixto, en discrepancia del criterio del PSOE.

También en contra de la tesis de su partido, a la mayoría de los votantes del PP le parecería bien que los delitos pasen a ser investigados por los fiscales, en vez de por los jueces. La opinión pública muestra una clara polarización respecto a este asunto: el 39,9% es partidario de que el fiscal asuma la instrucción penal frente al 37,7% que cree que debería permanecer en manos de los jueces.

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Esta entrada fue escrita el Martes, 5 de Mayo de 2009 a las 9:23 y archivada en Justicia. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Comentarios y pings no están permitidos en este momento. | Enviar este artículo por correo