Escrito por Nelson Barreto Herrera

Nunca jamás habíase visto un ridículo espectáculo político como el que está desarrollándose en Honduras a raíz del acto, inusual por cierto, de una cancillería brasileña tan seria, de gran prestigio y renombre como la de Itamaratí, con repercusiones internacionales que no tendrían cabida en el campo del Derecho Internacional. Está con ello jugándose el prestigio, la seriedad y la respetabilidad que hasta ahora nos ha brindado el concepto y tradición del derecho de asilo, al cual han correspondido las naciones americanas con vehemencia en el ámbito de la seguridad y respeto de las personas. En otras palabras, se ha tergiversado la concepción del derecho de marras de una manera improvisada y no consecuente con la costumbre y tradición internacionales, además que se desarropa del término jurídico de los tratados sobre el Derecho de Asilo, en especial del suscrito en Caracas en 1954 durante la X Conferencia Interamericana.

El caso de Honduras, suscitado por Brasil, implica algo novedoso en el campo del derecho de asilo, pues éste se define como un acto de refugio para las personas que están siendo perseguidas por delitos políticos cometidos en el territorio dentro del cual solicitan asilo. Por ello, llama poderosamente la atención que una persona (como lo es el caso de Zelaya) que se encuentra en el exterior gozando de libertad plena fuera de la circunscripción judicial y política del estado que lo persigue, ahora ingrese (meterse en la cueva del lobo) a este estado que lo persigue en aras de solicitar refugio ante una embajada (Brasil) para quedar fuera de las libertades de las cuales disponía, cuando lo que trata precisamente el Derecho de Asilo Diplomático es llevar al refugiado al exterior para evitar ser perseguido, acosado y darle el debido amparo a fin de lograr en otro país el goce de libertades plenas, además de alejarlo del estado perseguidor.

Otra moción que sobresale es la permisibilidad que otorga la embajada de Brasil a Zelaya de admitir el abuso de arengar a su libre antojo y querencia, desde la sede diplomática misma, a sus conciudadanos con mensajes no cónsonos con los principios y recomendaciones señalados en el derecho de asilo. Según lo establece este convenio, ningún refugiado puede hacer uso de expresiones políticas públicas que denigren del Estado ante el cual se halla acreditada la embajada contentiva del refugiado. Recuérdese que, en el caso de Nixon Moreno, lo primero que el gobierno venezolano precisó fue advertirle a la Nunciatura Apostólica que dicho refugiado debía abstenerse, en todo momento y circunstancia, de hacer uso de expresiones políticas dentro de la sede que salieran a la luz pública y atentaran contra el Gobierno Nacional.

(*) Embajador

Sí, he dicho estupideces pues sólo eso puede ser decir ante la Asamblea General de la ONU, refiriéndose a Honduras, que “no vamos a aceptar un golpe antidemocrático y la democracia ha de volver a ese país centroamericano”. ¿Se puede aceptar un golpe en Guinea Ecuatorial tal como menciona Juan en un comentario que me antecede?, ¿será que el golpe de Obiang fue “democrático”?.

Por si fuera poco, la Biblioteca del Congreso de los EEUU lo deja en una posición desairada.

Zapatero ….. ¡a tus zapatos!, que en España hay muchos problemas y no has solucionado ninguno.

Informe de EEUU: Destitución de Zelaya fue legal

WASHINGTON |

Un estudio elaborado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos halló que la destitución de Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras fue legal y apegada a la Constitución.

El informe, divulgado por el congresista republicano Aaron Schock, sin embargo también sostiene que la expulsión de Zelaya del país no fue constitucional.

“En resumen, uno de los fundamentos de la comunidad mundial es el respeto a las leyes internacionales”, dijo Schock en un comunicado. “El Servicio de Investigaciones del Congreso, una agencia apolítica, concluyó que la destitución del ex presidente Zelaya fue constitucional y debemos respetar ese hallazgo. Es inaceptable que nuestro gobierno trate de obligar a Honduras a violar su propia constitución al cortarle la ayuda extranjera”.

Schock recomendó reanudar la asistencia estadounidense e internacional a Honduras, reanudar las visas de funcionarios hondureños, cooperar con el gobierno hondureño al enviar observadores para las elecciones de noviembre, y reconocer la legitimidad de tales comicios si se celebran de manera justa e imparcial.

Debido a que el informe también sostiene que la expulsión de Zelaya del país no fue constitucional, Schock recomendó que el gobierno hondureño permita la salida de Zelaya de la embajada brasileña, reconozca que su derrocamiento fue castigo suficiente por las medidas que él tomó y que llevaron a los hechos actuales, abandone los planes de procesarlo y emita una amnistía general para todos los involucrados en su destitución.

Schock sostiene que como ciudadano privado, Zelaya tendría derecho a hacer campaña para el candidato de su preferencia en las venideras elecciones, pero si incita a la violencia debería ser arrestado y procesado.

La obsesión sobre Honduras de Hillary Clinton
Por Mary Anastasia O’Grady

La Corte Suprema de Honduras tiene la autoridad constitucional y estatutaria para escuchar casos contra el presidente de la república y muchos otros altos funcionarios del Estado, para adjudicar y velar por el cumplimiento de fallos, y de solicitar la asistencia de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones”.
—Servicio de Investigación del Congreso, agosto de 2009—

Desde que el 28 de junio Manuel Zelaya fue removido de la Presidencia por la Corte Suprema y el Congreso de Honduras, por violaciones a la Constitución, el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama ha insistido, sin asidero legal, en que el incidente equivale a un “golpe de Estado” y que debe ser revertido. El presidente Obama ha tratado duramente a Honduras y a los estadounidenses se les ha pedido que confíen en las declaraciones de su mandatario.
Ahora, un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS por sus siglas en inglés) registrado en la Biblioteca del Congreso de EE.UU. ofrece lo que el gobierno de Obama no ha provisto: una revisión legal seria de los hechos. “Fuentes disponibles indican que los poderes judicial y legislativo aplicaron el derecho constitucional y estatutario en el caso del presidente Zelaya de una manera que fue interpretada por las autoridades hondureñas de ambas ramas del gobierno como conforme con el sistema legal hondureño”, escribió en su informe la especialista en derecho internacional del CRS Norma C. Gutiérrez.
¿Acaso esto ha marcado alguna diferencia? Ni soñarlo. La Casa Blanca sigue defendiendo su acusación de golpe y, hace diez días, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, incluso llegó a sancionar al poder judicial hondureño, que es independiente. EE.UU. no da las razones, pero resulta evidente que el pecado de la corte es rechazar un plan que cuenta con la venia de la Casa Blanca para restituir a Zelaya en el poder.
El resultado es que EE.UU. está tratando de obligar a Honduras a violar su propia Constitución y usando su peso en la política internacional para tratar de interferir con el sistema judicial independiente de ese país.
Los hondureños están preocupados por el impacto de esta presión en su país. La postura estadounidense envalentona a los partidarios violentos de Zelaya, que ahora se apropian de las calles del país, donde causan destrucción e intimidan a la población. Cada vez que la policía intenta detenerlos, empiezan a gritar acerca de sus “derechos humanos”.
Tal vez los estadounidenses deberían estar más preocupados por el autoritarismo, sin justificación legal, que emana desde el poder ejecutivo en Washington. ¿Qué señal envía Obama acerca del respeto por la separación de poderes cuando le instruye a su secretaria de estado que castigue a un tribunal independiente porque no falló como él quería?
EE.UU. ha estado presionando a Honduras desde el 28 de junio para que Zelaya vuelva a la Presidencia. Pero ni los dudosos argumentos sobre el “imperio de la ley” esgrimidos por Hillary Clinton ni las herramientas que le ha dado Obama para usar contra este pequeño país han servido para convencer a la Justicia hondureña de que deje de lado su propia Constitución.
La Secretaria de Estado parece estar irritada con la Justicia hondureña porque determinó que el regreso de Zelaya al poder bajo el plan propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, es inconstitucional. Por ende, el Departamento de Estado decidió que, para defender el estado de derecho, castigaría a los miembros de la Corte Suprema por la interpretación de su propia Constitución. EE.UU. les retiró las visas a 14 magistrados hondureños. Puesto que el gobierno de Obama ya había hecho lo mismo con el décimo quinto miembro del tribunal, el que firmó la orden de arresto de Zelaya, esta iniciativa completó el asalto de Clinton a la independencia de la corte más alta de una democracia extranjera. La lección, supuestamente, es que los jueces de los países pequeños tienen la obligación de aceptar la interpretación estadounidense de sus propias leyes.
Miles de lectores me han escrito para preguntarme cómo algo de esta naturaleza puede pasar en EE.UU., un país donde los principios democráticos han sido reconocidos desde su fundación. Muchos lectores me han confesado estar “avergonzados” de EE.UU. y me han preguntado ¿cómo pueden ayudar a Honduras? Una pregunta más pertinente podría ser ¿cómo pueden ayudar al propio EE.UU.?
A través de sus acciones hacia Honduras, el gobierno de Obama demuestra su desprecio por los fundamentos de la democracia. Los expertos jurídicos son claros al respecto. “La independencia del poder Judicial es un componente central de cualquier democracia y es crucial para la separación de poderes, el estado de derecho y los derechos humanos” escribe en su libro The Judge in a Democracy (algo así como El juez en una democracia) Ahron Barak, el ex presidente de la Corte Suprema de Israel y un destacado experto jurídico.
“El propósito de la separación de poderes es fortalecer la libertad y prevenir la concentración del poder en las manos de un actor del gobierno de una manera que probablemente merme la libertad de un individuo”, explica Barak, casi como si se estuviera refiriendo a Honduras.
Barak también advierte de un modo profético acerca de las democracias a la Chávez que han destruido a Venezuela y que los hondureños dicen que estaban tratando de impedir en su propio país. “La democracia tiene el derecho de defenderse contra quienes buscan utilizarla para destruir su propia existencia”, escribe. Los estadounidenses tienen que preguntarse por qué su gobierno no parece estar de acuerdo.

Ahora el señor Solana se dedica a dar consejos al señor Uribe, pero curiosamente se olvidó de dárselos a los que ya cambiaron las Constituciones (Chavez, Correa, Evo) por los mismos motivos que según él no son legítimos para hacerlo.

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Alto representante de la Unión Europea aconseja a Uribe que no cambie la Constitución para reelegirse

El alto representante para la Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea (UE), el español Javier Solana, aconsejó hoy a Álvaro Uribe, que se abstenga de reformar la Constitución de Colombia para buscar una segunda reelección. “Creo que las reformas constitucionales tienen que ser para cambiar las estructuras de un país”, dijo Solana en declaraciones a la radio bogotana RCN, que lo entrevistó en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard (Cambridge, Estados Unidos).

El responsable de Asuntos Exteriores de la UE se refirió a la iniciativa de convocar un referendo, votado hace poco por el Congreso, que está pendiente de estudio en la Corte Constitucional, para permitir que Uribe, elegido por primera vez en 2002, pueda buscar un tercer mandato en los comicios de mayo de 2010.

La Carta Magna colombiana promulgada en 1991 prohibía la reelección del jefe del Estado, que fue instituida por una sola vez en virtud de una enmienda promovida con vistas a las elecciones de 2006 por Uribe y su coalición mayoritaria en el Legislativo.

Solana dijo que, como “muy buen amigo” que es de Uribe, le aconseja que, en una república importante, estable y en la que él ha cumplido un papel extraordinario, no haga “cambios constitucionales (…), reformas constitucionales ad hominem” (del latín: “dirigido a una persona”).

Las enmiendas a la Constitución de un país no deben dar “la impresión de que se hacen para favorecer a una persona, por importante que sea y por bien que haya hecho su función”, insistió Solana, que se entrevistará con Uribe el próximo jueves en Nueva York, donde coincidirán en la Asamblea General de la ONU.

El diplomático de la UE reconoció que “no hay duda de que Álvaro Uribe ha sido un espléndido y magnífico presidente de Colombia”.

“Me gustaría que (Uribe) pasara a la historia como eso, como un magnífico presidente de Colombia que ha hecho un fantástico trabajo”, afirmó Solana, que le insistió al gobernante que desista de hacer cambios constitucionales “para una cuestión tan personal como el seguir siendo presidente de la República“.

Silvio Avilez Gallo

La sociedad internacional comprende Estados independientes, territorios, dominios, colonias y otras posesiones que en conjunto constituyen la totalidad de entidades políticas que conforman el mundo actual.

En principio, este conglomerado bastante heterogéneo se rige por postulados y normas del derecho internacional público, que establecen el “modus operandi” para la convivencia pacífica del conjunto.

Las organizaciones internacionales de carácter global -como las Naciones Unidas- o regional -por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de la Unidad Africana (OUA), la Conferencia Islámica (CI), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Europea (UE), etc.- establecen, en sus cartas constitutivas, las reglas y acuerdos entre sus miembros y éstos complementan estos principios generales y los ponen en práctica mediante instrumentos solemnes llamados tratados, convenios o acuerdos. Pero en la base de toda esta infraestructura jurídica formal consignada por escrito existen otras normas o principios de carácter ético que son comunes a determinado tipo de sociedad internacional.

Los conflictos entre la política y la ética no siempre son fáciles de resolver, especialmente en el campo de las relaciones internacionales. Así vemos, por ejemplo, lo sucedido en el caso de la sucesión constitucional del mando presidencial en Honduras, donde no obstante que se trató de un acto legítimo desde el punto de vista de la actuación de los distintos poderes del Estado con estricto apego a la Constitución y las leyes del país, la comunidad internacional pasó por alto toda una serie de circunstancias y hechos concretos del destituido mandatario y se ha empeñado en calificar de golpe de Estado lo que en rigor fue el uso legítimo de la fuerza de parte de las autoridades para garantizar la paz social y la convivencia pacífica entre los hondureños, puestas en entredicho por las constantes violaciones del ex presidente Zelaya a disposiciones concretas de la Constitución y sentencias de los poderes judicial y electoral. En consecuencia, la comunidad internacional desconoció no solo el derecho positivo y los propios instrumentos jurídicos vigentes sino que, en el caso concreto de la OEA, intervino abusivamente en asuntos que son de la exclusiva competencia de los hondureños. La actuación de la OEA, su secretario general y la de los países miembros que integran la entidad fue éticamente incorrecta, si la comparamos con otro caso en particular.

Resulta que el gobierno socialista del presidente Rodríguez Zapatero de España, que ha llevado la voz cantante por parte de la Unión Europea en su cruzada contra Honduras, ha tenido un comportamiento que puede parecer políticamente correcto, desde el punto de vista español, en sus relaciones con su ex colonia Guinea Ecuatorial, donde desde hace 30 años gobierna autoritariamente el presidente Teodoro Obiang, quien llegó al poder mediante un golpe de estado contra su sobrino, el presidente Francisco Macías, al que luego asesinó, y ha ejercido una dictadura sangrienta y represiva contra el sufrido pueblo guineano. España no sólo no interrumpió sus relaciones con el régimen de Obiang sino que las incrementó, sin importarle en lo más mínimo la suerte de la población, de los opositores y las violaciones masivas a los derechos humanos. Obiang inclusive fue recibido en visita oficial en Madrid por el presidente del gobierno español y también por el Rey Juan Carlos I.

Al igual que España, los países miembros de la UE no desconocieron al gobierno golpista de Obiang, como tampoco los Estados Unidos -que se muestran inflexibles e intransigentes en el caso del Presidente Micheletti- debido en parte a que el gigante transnacional estadounidense Mobil hace pingües negocios con el petróleo del país, considerado el tercer productor de crudo del África. Políticamente tienen derecho a mantener relaciones con la dictadura de Obiang, si se guían exclusivamente por las normas del derecho internacional que reconocen la voluntad soberana de los Estados y prohíben la injerencia en los asuntos internos -cosa que no se ha observado en el caso de Honduras- pero desde la óptica moral, tales relaciones son éticamente incorrectas e injustificables.

Nuevamente nos encontramos ante el típico doble rasero que los países aplican cuando así conviene a sus intereses. Guinea Ecuatorial y Honduras son dos casos extremos y emblemáticos que vienen a confirmar la hipocresía y el fariseísmo de la comunidad internacional. Para vergüenza nuestra, los países que han rasgado vestiduras en el caso del “golpe” de Honduras y abogan por la restitución inmediata e incondicional de Zelaya en el poder, no han alzado la voz para denunciar la tragedia que desde hace 30 años vive el pueblo guineano y desvían impúdicamente la mirada para hacerse de la vista gorda porque la dictadura de Obiang conviene a sus mezquinos intereses, que obviamente tienen prioridad sobre consideraciones éticas o morales…

Es hora de decir ¡basta ya al doble estándar!

Gran Bretaña alega que tuvo “razones” para hacerlo:

El secretario del ministerio de Exteriores Chris Bryant dijo: “Éste es un paso constitucional serio que el gobierno británico no se ha tomado a la ligera, pero estas medidas son necesarias para restaurar el buen gobierno y una administración financiera sólida”.

¿Por qué las razones británicas sí son razones y las de Honduras no?

Una vez más queda en evidencia la doble moral de la comunidad internacional.

Vean nota completa en:
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/08/090814_1915_turcos_caicos_med.shtml

• España no reconocerá elecciones en Honduras bajo Gobierno actual.
• España no ha sobrerreaccionado en relación a lo sucedido en Honduras.

Le pregunto a nuestro ¿inteligente? Ministro … ¿Acaso las elecciones, que ya estaban previstas por ley antes de lo que ha sucedido en Honduras, no son el resultado de los votos de todos los ciudadanos?, ¿acaso nuestro Gobierno no reconoce el voto de los ciudadanos?, ¿qué ver tienen Zelaya o Micheletti a la hora de que se realice la votación en unas elecciones, acaso son ellos los que deciden el resultado y no la totalidad de los votantes?. En definitiva, y como dice sabiamente el refrán: “¿Qué tiene que ver la velocidad con el tocino?. Por cierto, ¿avala el Gobierno español las últimas elecciones realizadas en Nicaragua bajo un gobierno constitucional?

¿España no ha sobrerreaccionado?, ¡pues menos mal que no lo ha hecho ya que si lo llega a hacer no se que desaguisado se le hubiese ocurrido al impresentable Moratinos!; aunque tal vez sea cierto y lo que ha sucedido es simplemente que España ha sido arrastrada por un Gobierno que no es su dueño, sólo su administrador, a apoyar la estrategia del golpista Hugo Chávez (este golpista si es bueno para el Sr. Moratinos) al objeto de proteger los intereses de las grandes empresas españolas que son, a lo que parece por los hechos, para quien trabajan Zapatero y Moratinos.

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España no avalará elecciones en Honduras con el gobierno de facto
(AFP)

MADRID — España no avalará unas elecciones en Honduras que se lleven a cabo bajo el gobierno instalado tras el golpe de Estado que a fines de junio depuso al presidente Manuel Zelaya, afirmó el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, en declaraciones publicadas este domingo por el diario El País.

“Es indudable que, si se celebran elecciones con un gobierno de facto, y sin garantías internacionales, no lo podemos avalar”, dijo Moratinos, al ser interrogado acerca de si el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconocerá al gobierno que surja de las elecciones de noviembre en Honduras.

El ministro español de Asuntos Exteriores confió en que “antes de noviembre, el presidente Zelaya regrese y de forma pactada con las fuerzas políticas se organicen elecciones”.

Moratinos negó que España haya “sobrerreaccionado” al golpe hondureño.

“España no ha reaccionado ni más ni menos que Estados Unidos o la OEA (…) El golpe militar es muy grave no sólo por Honduras, sino por el precedente para América Latina, si no se repone el orden constitucional”, sostuvo el jefe de la diplomacia española.