Si no me equivoco, fue Jean-François Revel quién acuñó o difundió el término cleptocracia (del griego kleptós, ladrón: es decir, “gobierno de los ladrones”) hace ya casi un par de décadas. Lo utilizó para nombrar uno de los mayores peligros que amenazan a las democracias actuales: convertirse en algo así como un dócil coto de caza donde campen por sus respetos una serie de desaprensivos depredadores disfrazados de servidores públicos. El truco consiste en aprovechar las ventajas de una buena posición política para conseguir riqueza personal o -en el más “altruista” de los casos, por decirlo así- para abastecer las arcas del partido propio y financiar sus aventuras electorales. Es decir, hacer negocios particulares en nombre del interés público… y hasta del bien común.

En España el caso Gürtel o “Pretoria”, el rentable enredo inmobiliario recién destapado en Cataluña, el escándalo de Millet y su Palau, etc…, igual que ayer Filesa o casi siempre las tramas urbanísticas corruptas y corruptoras de demasiados ayuntamientos, ha propiciado de nuevo la incómoda sensación de que vivimos en una cleptocracia… o en una democracia en peligro de llegar a serlo. La clase política no empieza a corromperse siempre por la cabeza, como la higuera a la que Cristo maldijo, sino por esos cargos intermedios que toman las decisiones pertinentes y más rentables en cuestión de contratas, permisos de edificación y cosí via. Es decir, en los niveles en que los gestores públicos inciden en la adjudicación de empresas y obras que pueden beneficiar cuantiosamente a particulares. En esa zona de medias luces en que lo institucional autoriza o promociona necesariamente intereses comerciales privados es dónde surgen las tentaciones y pueden cometerse -¡no siempre, desde luego!- las peores bribonadas.

Aunque suene un poco obsceno, me atrevo a decir que la posibilidad de la corrupción es uno de los daños colaterales que comporta la sociedad democrática. Allí dónde hay libertad se da sin duda la opción de emplearla de modo indebido y prevaricador. En las dictaduras la corrupción es algo oficial, regulado desde las instancias superiores en beneficio de los privilegiados del régimen. En el franquismo funcionaba así, como hoy en Cuba y en otros colectivismos mayores o menores. En las democracias responde a la perversión de iniciativas privadas, infiltradas en lo público para medrar, y a veces en la obcecación de quienes ponen el beneficio de su secta política por encima de cualquier otro escrúpulo.

Soy de los pesimistas: pienso que los humanos siempre estamos a punto de cometer las tropelías por las que no tenemos que rendir cuentas. De modo que lo que me subleva no es la mera corrupción, sino su posible y rutinaria impunidad. Las democracias que funcionan de modo más limpio son aquellas en que los corruptos tienen menos facilidad para irse de rositas tras ejercer sus abusos. Es esa pedagogía de la vigilancia y el castigo de cualquier irregularidad, la cometa quien la cometa, lo que fomenta el hábito resignado de la honradez. Y en este punto también es mejor el pluralismo que el monopolio del poder, porque -además del imprescindible trabajo de jueces y fiscales- la mirada hostil del adversario suele sacar a la luz lo que los colegas cómplices del partido se niegan a ver. Como diría Clint Eastwood, sin perdón… contra la cleptocracia.