Información elaborada por © Larrauri & Martí Abogados

Si en otros artículos nos referíamos a las pensiones públicas a la que tienen derecho la gente de “a pie” (Las 5 reglas de oro para conseguir una buena pensión de jubilación, esta vez analizamos en profundidad las pensiones de colectivos privilegiados, como los altos cargos institucionales (ministros, diputados, secretarios de Estado, etc). Precisamente, para estos altos cargos existe la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones como recompensa por el arduo trabajo realizado.

Efectivamente, la primera gran diferencia entre una pensión pública y una pensión de un alto cargo, o mejor dicho entre un ciudadano y un alto cargo institucional, es que así como el ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del erario público, el ministro, el senador, diputado, secretario, etc…, podrán percibir dos y tres salarios del Erario Público.

Es más, todos los contribuyentes deben tributar por sus ingresos, pero un tercio del sueldo de los diputados o senadores no está sujeto a IRPF porque se considera como indemnización para gastos de su cargo.

Además, todos nosotros debemos cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a la que tengamos derecho, sin embargo a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación.

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Sólo dos millones de extranjeros, de los siete que residen en España, están afiliados a la Seguridad Social, es decir, trabajan legalmente en España. Los ciudadanos españoles comienzan a preguntarse a qué se dedican los otros cinco millones de inmigrantes, si esos dos millones de afiliados sirven para garantizar las pensiones de todos los españoles, tal como nos prometieron, y si la Seguridad Social soportará la atención gratuita a todos ellos por mucho tiempo.

El número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se situó en 1.938.632 personas en diciembre de 2008, el 4,64% menos respecto al mismo mes de 2007, según datos facilitados hoy por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En diciembre de 2007 se afiliaron 2.033.036 personas extranjeras, 94.404 afiliados menos.

Por categorías, 1.1337.572 personas extranjeras se afiliaron en el Régimen General de la Seguridad Social; 224.156 en el de Autónomos; 201.379 en el Agrario; 170.446 en el Hogar; 4.400 en el Mar y 679 en el de Minería y Carbón.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, Cataluña registra el mayor número de afiliados extranjeros (435.996), seguida de la Comunidad de Madrid (427.160), Comunidad Valenciana (218.447) y Andalucía (207.669).

Publicado el 20 de Enero de 2009 en Minuto Digital.

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Sobre esta entrada un lector hizo el siguiente comentario:

Parece que fue ayer, pero en este año 2009 que acabamos de empezar y que amenaza con convertirse en el peor de nuestra historia reciente, hemos cumplido ya diez años desde que se inició la entrada salvaje de inmigrantes y la política económica que han provocado la situación actual.

La inmigración alentada por el poder constituye una eficaz herramienta para el desguace Nacional.
Ya en 1997 y 1998 se vivió un pequeño goteo de inmigrantes ilegales entrando en España, pero fue en el año 99 en el que este fenómeno empezó a volverse masivo y a preocupar a la opinión pública española. El fenómeno empezó con la llegada masiva desde Marruecos de pateras ocupadas por magrebíes y ciudadanos del África Negra. Al mismo tiempo debido a la brutal crisis económica que asoló Ecuador en el año 99, cientos de miles de ciudadanos ecuatorianos empezaron a entrar en España. Algo parecido ocurrió con los ciudadanos rumanos.

En este contexto, el Congreso, a instancias del PSOE, decidió reformar la Ley de Extranjería vigente desde el año 85. No hubiera habido nada que objetar a esto, si no fuera porque la ley que se aprobó era exactamente lo opuesto a lo que debería haberse hecho. El Congreso aprobó la nueva ley-colador con el voto a favor de todos los partidos, excepto del PP. Era el PP el que gobernaba España por aquel entonces, pero hay que recordar que el PP votó a favor de la Ley en la Comisión Constitucional y que tampoco se opuso a la ley en la votación del Congreso, simplemente se abstuvo, y ni siquiera en todos los artículos.

Aquella nefasta ley dio el pistoletazo de salida al absoluto caos inmigratorio que hemos vivido desde entonces, ya que reconocía el derecho a la asistencia sanitaria y educativa para todos los inmigrantes, ilegales incluidos, restringía radicalmente la posibilidad de expulsar inmigrantes, incluía la figura del arraigo social, por el que cualquier inmigrante ilegal que llevara tres años en España y cumplía ciertas condiciones podía legalizar su situación. La ley preveía también la regularización masiva de todos los ilegales que estaban en España antes del 1 de junio del año 99 y cumplían una serie de condiciones. Finalmente, la ley fue aprobada por el Congreso en noviembre del año 99, entrando en vigor el 1 de febrero de 2000.

Para empeorar aún más la situación, a principios de 2000, la ONU publicó un informe llamado “Migraciones de Reemplazo: ¿Una Solución ante la Disminución y el Envejecimiento de las Poblaciones?”. El informe hablaba de la situación demográfica de varios países y las acciones a tomar para mejorar la situación. La cuestión es que el informe no hablaba de España, sino de otros países. Aún así, los pro-inmigración españoles tomaron el informe como referencia y empezaron su propaganda sobre la supuesta necesidad de millones de inmigrantes que tenía España. Dijeron que España tenía que acoger a 12 millones de inmigrantes hasta el año 2050, a una media de 240.000 por año (luego han llegado a venir hasta tres y cuatro veces esa cantidad) Pero aquel informe no era aplicable a España para nada, recordemos que por entonces España tenía más de dos millones de parados y una población activa latente de más de cinco millones de personas, por lo que resultaba ridículo pedir la entrada inmediata de millones de personas.

Por entonces, los pro-invasión eran los mismos que ahora: toda la izquierda (política, mediática, sindical y ultra), y las patronales de la agricultura, la hostelería y la construcción, más alguna patronal de clubes de alterne que hay por ahí. Podía entenderse la actitud de la patronal agrícola, ya que la escasez artificial de mano de obra agraria provocada por el PER y la escasa rentabilidad del negocio, les llevó a buscar mano de obra barata e ilegal para poder sobrevivir. Más difícil de entender era la actitud de la patronal hostelera, ya que existía en España una gran cantidad de mano de obra en potencia en los cientos de miles de jóvenes que poblaban nuestros institutos y nuestras Universidades. La solución hubiera sido establecer algún tipo de convenio laboral con dichas instituciones, pero la patronal hostelera prefirió la mano de obra barata y sumisa inmigrante. En cuanto a la patronal de la construcción, ya estaba preparando la futura burbuja inmobiliaria, en la que la inmigración masiva tenía un papel decisivo que cumplir, tanto como mano de obra como de compradores de vivienda. Los constructores sabían que, con la pirámide poblacional, al negocio le quedaban no más de 10-15 años, por lo que había que explotarlo al máximo y seguir trayendo inmigrantes para que la demanda no baje en el futuro.

Esto coincidió también con las elecciones generales del año 2000. Mucha gente no se acordará, pero aquella campaña electoral destacó por los constantes actos y altercados protagonizados por los pro-invasión gritando consignas extremistas y radicales como el famoso “papeles para todos”. En las elecciones se enfrentaban, por un lado, una coalición PSOE-IU proponiendo directamente la entrada libre e interminable de inmigrantes a España, mientras que por otro lado estaba el PP, que proponía reformar la ley recientemente aprobada y una estricta política de inmigración. En este contexto, parte de la sociedad española se inclinó por el PP, que ganó las elecciones por mayoría absoluta.

Ahora bien ¿qué hizo el PP tras las elecciones? Lo primero, aplicar la ley que pretendía reformar y hacer una regularización masiva de todos los ilegales que estaban en España antes del 99. Lo siguiente que hizo, incumpliendo todas sus promesas, fue otra regularización masiva, en el año 2001 y con un tal Mariano Rajoy de Ministro del Interior, de cientos de miles de ilegales que estaban en España antes del enero de 2001. La prometida reforma de la ley anterior consistió en una serie de tímidas y ridículas propuestas que nada solucionaron, ya que luego ni siquiera se aplicaban.

¿Y qué se dedicaban los medios de comunicación en aquella época? A sacar todos los días una patera tras otra y ocultar sistemáticamente los aviones y los autobuses llenos de ilegales, a decir que los inmigrantes “nos iban a pagar las pensiones” y que “gracias a los inmigrantes se salvará la Seguridad Social”, dos falacias que nos repitieron un millón de veces y que se han demostrado falsas. Además, los medios se dedicaban a insultar a diario al pueblo español. Un debate tras otro, los tertulianos se dedicaban a criminalizar a todo aquel que se opusiera a la inmigración masiva y a llamar a los españoles racistas, xenófobos y vagos, todo con la pasividad absoluta del pueblo español.

La realidad fue que durante la etapa 2000-2004, gobernando el PP con mayoría absoluta, España se convirtió en el mayor coladero del planeta. Cientos de miles de ilegales entraban cada año por nuestros aeropuertos, principalmente el de Barajas, como falsos turistas. Otros cientos de miles entraban por la frontera de los Pirineos, mientras que el gobierno hacía la vista gorda y permitía esta invasión sin mover un dedo. No sólo eso, sino que se dedicaba a subvencionar a ONGs pro-invasión de ultraizquierda como SOS Racismo y el Movimiento Contra la Intolerancia. Esta fue la política del PP en materia de inmigración: incumplimiento total de sus promesas y traición absoluta a sus votantes. En 1996 había en España poco más de medio millón de inmigrantes, en 2004 había 3,5-4 millones, incluidos cientos de miles musulmanes. Esto es lo que se recordará en el futuro del PP y de José María Aznar. En economía, la política del PP consistió en privatizar empresas públicas, algo con lo que se puede estar a favor o en contra pero que no tiene ningún mérito especial, aprovecharse de la coyuntura internacional de bajísimos tipos de interés, de los bajos precios de las materias primas energéticas y de las transferencias billonarias de la Unión Europea y, finalmente, promover una brutal burbuja inmobiliaria que nos ha traído la situación actual.

En 2004 llegaron Zapatero y el PSOE al poder. A pesar de la propaganda de la derecha mediática, la verdad es que Zapatero fue totalmente continuista del PP en sus políticas económica y de inmigración. En economía, continuar con la misma política basada en la construcción salvaje. En inmigración, regularizaciones masivas y entrada libre para todo el mundo, exactamente igual que el PP. A destacar dos cosas: durante la etapa Aznar llegaron cientos de pateras desde Marruecos, los progres nos aseguraban que era imposible evitarlo porque “no se podía poner puertas al hambre”. Bien, parece ser que el hambre se acabó en África porque desde que gobierna Zapatero no ha llegado prácticamente ni una sola patera desde este país. En cuanto el rey de Marruecos dio la orden, se acabaron las pateras. Segundo, las declaraciones del actual Ministro de Industria, Miguel Sebastián, en el año 2007, en las que declaraba que España podía acoger hasta ¡¡20 millones de inmigrantes más!! en los próximos años. Cualquier persona con dos dedos de frente veía que la construcción de 900.000 viviendas anuales y aquel brutal aumento de población inasimilable eran insostenibles y que la situación iba a reventar tarde o temprano. Por supuesto, acabó reventando a mediados de 2007.

Desde entonces, la tasa de paro no ha hecho más que aumentar, llegando a los actuales tres millones y medio de parados, que pueden ser cuatro y medio en poco tiempo. A pesar de eso, el gobierno regala los permisos de residencia a millones de inmigrantes, mete 800.000 rumanos y búlgaros en un mercado laboral en caída libre y va a regalar la nacionalidad española a medio millón de centro y sudamericanos. Tenemos entre 6,5 y 7 millones de inmigrantes (el 15% de la población), incluidos 1-1,5 millones de ilegales, de los que sólo la tercera parte, siendo generosos, cotiza a la Seguridad Social. Estos inmigrantes están esperando el momento para traerse a sus hijos pequeños a España, en total unos 650.000 inmigrantes más. Eso sin contar que también pueden traerse a sus padres.

En economía, en estos diez años la productividad y la renta per cápita han descendido, al igual que el salario real, que ha bajado un 4%, mientras que los beneficios empresariales aumentaron un 73% hasta el año 2006. Los precios tuvieron una subida real de hasta el 60% con la entrada del euro. Miles de millones de euros son enviados por entidades financieras a paraísos fiscales y por los inmigrantes a sus países de origen, lo que provoca una brutal evasión de capitales. Los españoles están endeudados para el resto de su vida, debiendo 800.000 millones de euros en hipotecas. El Estado no le va a la zaga, ya que la deuda exterior de España ha crecido en 144.000 millones de euros en sólo un año y ya alcanza los 1,68 billones de euros. Se anuncia la quiebra contable de la Seguridad Social para el año 2015, y ya para este año nos esperan un déficit del 5% y nos anuncian una reducción de las pensiones de hasta el 30%.

Nuestra agricultura y nuestra ganadería están en fase terminal y nuestra industria se deslocaliza rápidamente. Los chinos siguen invadiéndonos con sus productos y reventando el pequeño comercio español. Todo como consecuencia del crecimiento económico tercermundista promovido por el PP y el PSOE, consistente en la presencia de mano de obra barata, abundante y sin cualificación. Se ha desaprovechado el enorme potencial que tenían los “baby-boomers”, es decir, la generación nacida en los 60, que, con una educación y una formación adecuadas, habrían podido protagonizar una economía moderna y productiva, pero se eligió el camino contrario. En diez años se han construido las viviendas y nos hemos gastado el dinero de treinta. Si se hubieran hecho bien las cosas, en España habría habido trabajo para todos durante mucho tiempo, pero se prefirió importar inmigrantes y hacer todo el trabajo de golpe. Ahora estamos pagando las consecuencias.

En lo social, en estos diez años continuó la balcanización de España a través de una serie de reformas estatutarias que nadie pedía. Continuaron la violencia y el terrorismo de ultraizquierda, no sólo en el País Vasco. Ha habido un aumento brutal de la delincuencia y de los maltratos a mujeres, protagonizados ambos en su mayoría por inmigrantes. Las cárceles colapsadas y llenas de todo tipo de criminales extranjeros. El 20% de los nacimientos ya es de padres inmigrantes. Nuestro sistema educativo y sanitario sigue degenerando por la imposibilidad de atender a un aumento de población tan brutal y en tan poco tiempo.

Nuestra clase política-económica-mediática ha continuado estos diez años con su genocida política de sustitución del pueblo español por población importada del Tercer Mundo. Nuestra tasa de natalidad sigue por los suelos debido a la nula política familiar y al holocausto español provocado por el PP y el PSOE en materia de aborto. Muchos empresarios siguen poniendo todas las pegas posibles a las trabajadoras embarazadas, con lo que sólo consiguen impedir que nazcan futuros trabajadores y consumidores, es decir, se perjudican a sí mismos. La visión de futuro nunca ha sido el fuerte de nuestra clase empresarial. No sólo es el engorro de perder temporalmente a una trabajadora que pide la baja por maternidad, es que un bebé consume poco, no compra coches ni pisos, ni trabaja, es un ciudadano pasivo, una molestia, así que lo mejor es importar la población directamente del Tercer Mundo, ya en edad de trabajar y de consumir. La comunidad musulmana sigue en constante crecimiento llegando casi al millón y medio de personas en nuestro país, que cuentan con casi mil mezquitas, de las que un tercio tiene relaciones con el integrismo islámico.

En cuanto a los medios de comunicación, han seguido embruteciendo y lavando el cerebro a la población. La izquierda (incluida la más extremista) controla cinco y media de las seis televisiones nacionales, el cine, las discográficas, las editoriales y las productoras televisivas que realizan los programas y las series de televisión que vemos a diario. Hemos vivido el nacimiento de la telebasura, y hemos podido ver que las series de televisión de producción nacional están todas cortadas por el mismo patrón, ensalzando los anti-ideales “progres” y demonizando los ideales de partidos como DN. Volvemos a destacar la estupidez de los empresarios propietarios de los canales de televisión. A lo mejor se creen que es bueno para la economía del futuro tener una juventud ultra-hedonista, semi-delincuente, analfabeta, endófoba, drogada y atontada como la que promueven estas series.

Así hemos llegado a la situación actual. España ha pasado en diez años de ser una sociedad casi homogénea a una sociedad multicultural, sociedad que le ha sido impuesta al pueblo español en contra de su voluntad a través de un lavado de cerebro colectivo extremo. Estamos en la mayor crisis económica de nuestra historia reciente, pero para que los Esteban Ibarras de turno se enteren y no empiecen con sus tonterías sobre “Oh mirad, los “nazis” de DN usan a los inmigrantes como chivo expiatorio” decimos una cosa bien clara: los inmigrantes no son los responsables de la crisis económica, de la misma manera que no lo eran del crecimiento económico. Una minoría sin ninguna cualificación no puede ser responsable de ningún crecimiento económico sano. Los culpables de la crisis son la banca internacional y sus políticos corruptos a sueldo, por lo que para solucionarla habrá que llevar a cabo una reforma radical del sistema bancario y de nuestra economía, que tendrán que ir acompañadas de otra radical reforma de la Ley de Extranjería. Eso sí, la económica no es la única, también vivimos una crisis social, política y demográfica, por lo que en esta situación la presencia de 6,5-7 millones de inmigrantes es insostenible, así que, como mínimo, tres millones han de ser devueltos a sus países lo antes posible.

La inmigración perjudica el empleo de los españoles menos cualificados

| Publicado el 22 Enero, 2009 |

Según el monográfico Inmigrantes en España: Participación y convivencia de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), presentado este miércoles, los inmigrantes han ocupado el 60% de los nuevos empleos de baja cualificación entre 1996 y 2007. Los expertos responsables del estudio monográfico señalan que la presencia de un número importante de inmigrantes podría acentuar los ajustes vía precios (salarios) durante la recesión, provocando que las relaciones entre inmigrantes y nacionales en el mercado de trabajo puedan cambiar en el futuro inmediato y la competencia hacerse más intensa.

Es decir, los españoles menos preparados, aquellos por tanto que tienen un estatus económico y social más humilde, lo tendrán más difícil para encontrar trabajo durante la crisis debido a la competencia de los inmigrantes y además deberán trabajar por menos salario. Los tres sectores que habitualmente han servido para cobijar a los trabajadores españoles con una baja cualificación -construcción, hostelería y servicio doméstico- son precisamente los que ocupaban al 50% de los extranjeros en 2007.

Según la OCDE los trabajadores españoles presentan la peor calificación de la Unión Europea, incluso por detrás de Portugal, al registrar que seis de cada diez carecen de cualificación profesional. Teniendo en cuenta que hay 13 millones de trabajadores en las categorías inferiores de los diversos sectores económicos, al menos 7 millones se verán afectados negativamente en su vida laboral por culpa de la inmigración, enfrentándose a mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo, perjuicios salariales o jornadas mayores.

Queda desmentida la necesidad de la inmigración masiva

Los datos de FUNCAS apuntan a que España es el país de la UE con mayor saldo migratorio, a 1 de enero de 2007 por encima de los 700.000 inmigrantes netos, seguida a distancia por Italia, con 494.000, y Reino Unido, con 174.000. Dejando aparte los efectos económicos de la inmigración, con evidentes luces y sombras, también se había propagado la especie de que, atendiendo al envejecimiento de la población española, España necesitaría (según Naciones Unidas) 12 millones de inmigrantes (unos 240.000 al año) de aquí a 2050 para equilibrar su situación demográfica. Eso requeriría la incorporación, a partir de 2025, de un millón de inmigrantes al año, que se irían incrementando hasta alcanzar 1.400.000 inmigrantes anuales en 2040 y estabilizarse en torno a 600.000 efectivos al año en 2050.

El estudio de FUNCAS desmiente ahora tal tesis. Las “cifras que dejan entrever que, si bien la inmigración es positiva para el crecimiento de la población, (conclusión de Perogrullo) no es la solución, dado que estas cifras son inalcanzables y difícilmente sostenibles en cualquier país económicamente avanzado”, apunta el estudio. También advierte de que el efecto dinamizador de la inmigración en la demografía española es temporal, porque con el paso del tiempo la población extranjera también irá envejeciendo y acabará adaptando sus patrones reproductivos a los nacionales.

Y los sindicatos y sobre todo sus “eternos” dirigentes … ¿dónde están?. ¿Será que sólo se dedican a defender el “chollo” que significa su fuero sindical dejando que sus afiliados se las compongan solos?

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Mientras los españoles lo estamos pasando mal desde muchos aspectos, pero sobretodo en lo económico, nuestro Gobierno, al que parece que le sobran los millones en grandes cantidades para ayudar a aquellos con los que no tiene ninguna obligación, es cicatero en grado sumo con los que sí tiene obligación … ¡los españoles!.

Hace tiempo que intento enterarme de los fondos que nuestra Cooperación destina a subvencionar multitud de programas en países extranjeros (y hay que decir que eso sólo es la punta del iceberg del dinero, nuestro dinero, que se destina a ayudar a ciudadanos extranjeros ya que ahí no están contabilizadas otras partidas que se manejan en otros Ministerios), sin embargo y hasta la fecha no he podido hacerlo pues parece que esas cifras deben afectar a la Seguridad Nacional y por lo tanto son secretas y no están al alcance de los ciudadanos, que tienen todo el derecho a saber como se maneja el dinero público.

Se da la circunstancia de que mientras a los españoles que residimos en el exterior (en nuestro territorio nacional hay también muchos problemas) nos dicen en Cooperación que no pueden ayudarnos pues sus fondos son SOLO PARA EXTRANJEROS [y esos fondos son multimillonarios ya que aunque no conozco las cifras veo lo que se está haciendo ... construir casas, construir carreteras, construir proyectos de agua potable y alcantarillado, entrega de miles de becas de estudios, etc.] a nosotros nos mantienen en la lipidia más absoluta desconociendo nuestras necesidades entre las que destaca nuestro total abandono de asistencia sanitaria.

Esta es la auténtica realidad que ninguno de esos políticos “profesionales” puede negar y encima se recetan excelentes prebendas y viajes de placer (dicen que van a trabajar pero todos sabemos a qué van … viajando en primera clase y alojándose en hoteles de superlujo que también pagamos los ciudadanos).

Su actitud constituye una auténtica traición a todos los españoles y opino que los compatriotas que están en España deberían recoger firmas para modificar la ley e impedir que esos parásitos  pudiesen reelegirse más de una vez y que tras su segunda participación en política tuviesen que buscar empleo e ir a trabajar normalmente como hacen el resto de los ciudadanos; cuando no dispongan de dietas, pasaportes diplomáticos, coches oficiales y otras bicocas tal vez se dan cuenta de la realidad en la que viven los simples mortales.

• Un ejemplo incuestionable.
• Soraya defiende los viajes de los diputados al extranjero.
• Más de dos mil personas inician la rebelión de las clases medias en la Plaza de Colón.
• Otro ejemplo de despilfarro.

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Fondos de pensiones latinoamericanos: el negocio redondo de la banca española

Que los fondos acumulados en los sistemas públicos de pensiones constituyen uno de los principales objetivos al que tratan de acceder a toda costa los bancos no es ninguna novedad.

De hecho, en Europa los estudios que tratan de demostrar la inviabilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones para justificar con ello su transferencia al sistema privado son tan numerosos como erróneos suelen ser sus diagnósticos.

Es más, en algunos países –como, por ejemplo, España- ya se ha conseguido que los gobernantes asuman como acertado ese pronóstico y, si no avanzan más hacia la privatización del sistema, es porque son conscientes de la impopularidad de la medida y, consecuentemente, del rechazo social al que se enfrentarían. [Comentario Autor Blog] Los votos son los votos, aunque sólo se produzcan una vez cada cuatro años.

Para tratar de vencer ese rechazo, el gobierno español no sólo facilita financiación a los mismos investigadores que vienen errando de forma continuada en sus predicciones sino que también favorece fiscalmente la contratación de fondos de pensiones privados de carácter complementario.

El objetivo de esas medidas es evidente y apunta a la consecución de una doble legitimidad que facilite y viabilice socialmente un progresivo proceso de privatización del sistema público de pensiones.

Por un lado, se busca la legitimidad técnica derivada de los resultados que presentan aquéllos que se supone que saben de la cuestión, los tecnócratas, y que, a tal efecto, se encargan de pronosticar continuadamente el carácter insostenible del sistema público en el medio plazo.

Y, por otro lado, se trata de conseguir también la legitimidad popular que confiere el comportamiento de las mayorías: cuanto más personas contraten fondos de pensiones privados se supone que menor será la probabilidad de que todas esas personas estén equivocadas. En ese sentido, la seguridad de cobrar una pensión una vez alcanzada la jubilación pasará por apostar por la solución individual en lugar de presionar políticamente para que las autoridades públicas garanticen colectivamente ese derecho. Las mayorías nunca se equivocan, parece ser el lema, y, por lo tanto, seguir su comportamiento deja de ser síntoma de adocenamiento y se convierte en un comportamiento eficiente.

Tampoco es ninguna novedad que los procesos de privatización de los sistemas públicos de pensiones encontraron un terreno abonado para su implementación en América Latina durante las décadas de los ochenta y noventa. Estos procesos estuvieron avalados desde sus inicios por el Banco Mundial que los convirtió en una de las “condicionalidades” necesarias para otorgar financiación a los países que se la demandaban.

Allí acudieron como aves carroñeras las principales entidades financieras occidentales -y, entre ellas, las españolas- a la búsqueda del preciado botín. La gestión privada se vendió como la panacea frente a la supuesta ineficiencia de la gestión pública. De esa forma, los sistemas de reparto, basados en la solidaridad intergeneracional, fueron masivamente sustituidos por fondos de capitalización privados o por sistemas mixtos que otorgaban un papel preponderante a la gestión privada y, más concretamente, a las empresas administradoras de fondos de pensiones controladas por los grandes emporios financieros. [Comentario Autor Blog] La ineficacia de la gestión pública es un cuento chino de Milton Friedman (ver aquí) y compañía, que les ha venido muy bien a las empresas usureras a la hora de engordar sus cuentas de resultados; y lo peor es que mucha gente, demasiada, se lo había creído. Pero ya comienzan a despertar de la anestesia.

Evidentemente, el discurso que envolvió todos estos procesos nunca llegó a justificar la privatización sobre la base de los beneficios que conseguirían las instituciones financieras privadas que se hicieran con el negocio sino que, por el contrario, les atribuía una naturaleza cuasi mesiánica: ante la supuesta inviabilidad del sistema a corto plazo y la ineficiencia pública para gestionarlo era necesario transferir sus fondos al sector privado que, mucho más avezado en la rentabilización financiera de los activos, contribuiría de forma decisiva a preservar la seguridad económica de los trabajadores una vez concluida su vida laboral activa.

Sin embargo, y como suele ocurrir cuando la retórica se pone al servicio de los intereses de los poderosos, la realidad ha transcurrido por otros derroteros.

De entrada, al propio Banco Mundial no le ha quedado más remedio que reconocer el fracaso de las reformas de los sistemas de jubilación privados latinoamericanos que el mismo auspició en un polémico informe titulado “Manteniendo la promesa de la Seguridad Social en América Latina” (Keeping the Promise of Social Security en Latin America, 2004). Informe en el que incluso se acaba defendiendo la reconstrucción de los sistemas públicos para universalizar la cobertura ante la constatación de que la gran mayoría de trabajadores ha quedado totalmente excluida del sistema de seguridad social (de hecho, salvando el caso de Chile, el promedio de cobertura del sistema apenas llega al 20%) lo que redundará en el aumento de la pobreza en la vejez en los años venideros.

Pero, además, el Banco Mundial también ha cuestionado la gestión privada de esos fondos y denunciado las excesivas comisiones que han cobrado las administradoras de fondos de pensiones aprovechando su condición de oligopolio.

La prueba palmaria de ello lo encontramos en la venta que acaba de realizar el Banco Santander que se ha desecho de las gestoras de fondos de pensiones que poseía en América Latina en una operación por valor de 950 millones de euros. Venta que le reportará una plusvalía de 600 millones de euros.

Y todo ello a costa de ofrecer un servicio que, a todas luces, ha resultado insuficiente y caro; que ha desatendido las necesidades de quienes no pueden aportar al sistema sin plantearse cuál puede ser su futuro; y que ha contribuido a desvirtuar la esencia de los sistemas de seguridad social, minando la solidaridad intracomunitaria y permitiendo que la incertidumbre, cuando no la miseria cierta, sea el horizonte más probable para la mayor parte de la población cuando la incapacidad le impida continuar en el mercado laboral.

De esta forma, y es aquí donde se encuentra el quid de la cuestión, la supuesta crisis que aquellas reformas vinieron a prevenir ha transmutado su naturaleza. Si entonces fue una crisis financiera cuya virtualidad era invocada por los grandes bancos y refrendada por el Banco Mundial; la próxima será una crisis social de grandes magnitudes que afectará, cómo no, a los más pobres entre los pobres y frente a la que parece que no hay tanto interés por anticiparse como lo hubo en aquel entonces.

Mientras tanto, Botín, presidente del Banco Santander, recoge el ídem y, como siempre, “gana la banca”.

Autor: Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Política de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación CEPS.

Rebelión

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Una de las cuestiones, entre otras ya que no es la única, que demuestran la discriminación de la que somos objeto los españoles que residimos en el exterior es la cuestión relativa a las pensiones.

Por una parte, es muy claro que el sistema ha sido muy mal gestionado por nuestros políticos desde cualquier punto de vista que se quiera ver; tanto económico como de privilegios…

Los ciudadanos estamos defraudados de esta “exclusiva” raza de buscadores de fortuna, alejados de la realidad, aislados en su impermeable paraíso particular de complementos y privilegios. Uno de estos privilegios es un insulto a las personas que han cotizado más de 35 años y deben seguir trabajando para tener una jubilación de subsistencia. La Constitución ampara los derechos de los ciudadanos. No acertamos a encontrar en la Carta Magna el artículo que distingue entre la clase política y el resto de ciudadanos. Desde su posición se benefician de muchos privilegios. Con ocho años de trabajo, tienen suficiente para asegurarse una jubilación millonaria. Percibir una envidiable liquidación, pluses, extras y demás ingresos,…y, ¡¡Siguen trabajando!!. Piensen un poco… ¡ocho años!, y jubilación; ¡Máxima!. Ningún otro trabajador puede hacer eso. Constitución Española: ¿Todos somos iguales? [leer aquí ]

y, además, siempre ha sido usado como tema estrella para la demagogia, pues es muy claro que el de las pensiones es un asunto muy sensible para cualquier ciudadano. En periodos electorales nunca faltan los ofrecimientos para subirlas, como todo el mundo sabe, aunque los que ofrecen esas subidas no sepan de donde van a sacar los fondos. ¡Qué importa engañar a cambio de 4 años en el poder!.

Nuestra Seguridad Social está en problemas para los españoles que tienen la suerte de estar en España, los que estamos en el exterior (por lo menos los que estamos en países como Nicaragua) ni la olemos aunque nuestras leyes teóricamente nos amparan, ya que la infame política migratoria de nuestros políticos la han puesto en precario [para ellos los emigrantes no suponen ningún problema ya que no les disputan sus "puestos de trabajo", no les perjudican su asistencia sanitaria, no les dificultan la vida en sus barrios, etc.]

Nuestras pensiones, después de estar trabajando toda una vida, también están en el alero por la mala administración de que han sido objeto y el aumento de años requeridos de cotización para calcularlas es un atropello incalificable para los españolitos de a pie (más si lo comparamos con el tiempo que ellos necesitan para sus pensiones) y catastrófico para los españoles que estamos en el exterior que seguimos pagando en base a un convenio “especial” que no nos permite escoger el rango de nuestra cotización y por ello nos ha hecho perder los derechos adquiridos cuando trabajábamos en España y nos ha condenado a cobrar una pensión que no será ni de subsistencia.
Como esos políticos que han secuestrado el poder en su beneficio no tienen ni idea de como salir del atolladero sólo se les ocurren iniciativas que curiosamente siempre son en perjuicio de los ciudadanos ya que en lugar de ser innovadoras e imaginativas …. ¡siempre son recesivas!.

La reforma de las pensiones introducida en 1997, cuando el citado periodo pasó de ocho a quince años, rebajó la cuantía de la prestación en un 5,7%. Lo mismo que ocurriría si hoy en día se aumentase de quince a veinte años, que supondrían unos 60 euros mensuales en la renta media.

Por lo tanto, el informe sentencia que un trabajador que durante su vida laboral sufra el impacto de las dos reformas comprendidas desde 1997 tendría una disminución acumulada en la pensión de más del 10%.

Por curiosidad, … ¿y los miembros de la familia real qué pensión cobran?

¿Cual es el futuro que nos espera?, ¿hasta cuando nos van a hacer comulgar con ruedas de molino? y lo que es más importante …¿hasta cuando vamos a permitirlo?.

ooooooooooOoooooooooo

Trabajo cree que el incremento de las pensiones es “insostenible”

Publicado el 09/09/2008, por M. Valverde

Los expertos recomiendan ampliar el periodo mínimo de cotización obligatorio y aumentar las cotizaciones sociales. Aconsejan el reparto del ajuste entre los trabajadores actuales y los que se incorporen en el futuro.

El problema para la Seguridad Social ya no está en reformar el sistema de pensiones, sino en hacerlo de la forma más justa posible para los actuales y futuros jubilados, ante lo que los expertos vaticinan “un crecimiento insostenible de los derechos de pensiones” y el progresivo envejecimiento de la población.

Esta es una de las conclusiones más relevantes del informe sobre La cuantía de las pensiones a medio plazo, sus efectos en el sistema y el estudio de alternativas, financiado y recogido por la Seguridad Social a través del Fomento de la Investigación de la Protección Social.

Así, los autores del informe, de las universidades de Salamanca, autónoma de Madrid, UGT y la consultora de temas sociales y laborales, Labour Asociados, cuestionan, por primera vez, “la justicia” para todas las generaciones de pensionistas de la reforma más reclamada por todos los expertos en protección social, y sugerida a los sindicatos por el Gobierno, para garantizar la viabilidad de las prestaciones públicas. Es decir, la ampliación del número de años de cotización exigida para calcular la cuantía de la pensión, lo que traería una reducción general de la pensión a cobrar. Actualmente, y en líneas generales, está en los últimos quince años de la vida laboral.

En este contexto, el informe elaborado para la Seguridad social explica que esta propuesta, hasta incluso coincidir con toda la vida laboral, “no se plantea como resultado de una reflexión teórica sobre qué es un sistema de pensiones justo, sino desde la urgencia práctica de hacer frente al que se entiende como un crecimiento insostenible de los derechos de pensiones”.

Ganadores y perdedores
“Esto es –continúa el informe– el objetivo no es reformar las pensiones para que sean más justas, sino reformarlas para que sean menos gravosas”. Los autores del estudio reconocen que, en todo caso, “siempre habrá ganadores y perdedores [...] en la necesaria reforma de los sistemas de [pensiones] de reparto [como el español] ante la evolución demográfica adversa que se prevé en un futuro relativamente próximo”.

Por lo tanto, en su opinión, los más justo para los pensionistas y los del futuro, en el camino de la viabilidad del sistema, “es el reparto de la carga del ajuste” intergeneracional. Para los trabajadores del presente, con un aumento del periodo mínimo de cotización exigido, y para los del futuro, con “una subida de las cotizaciones” sociales, toda vez que “las generaciones del futuro serán más ricas gracias a los esfuerzos productivos del conjunto de generaciones pasadas, lo que estaría justificado en términos de equidad intergeneracional”.

El informe, realizado con datos de la Seguridad social, a partir de la evolución de la vida laboral de los trabajadores y de los salarios es muy claro sobre el impacto en la pensión del periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión. El trabajo señala que cuanto más amplio sea el número de años de contribución obligatoria más fácil será que, en el cálculo, entren periodos “con una cotización más baja” y, por lo tanto, que reduzca la pensión del futuro.

Esto es así, porque entrarían en la ponderación los primeros años de la vida laboral que, en líneas generales, tienen retribuciones más bajas que los del final de la carrera laboral. En definitiva, la reforma de las pensiones introducida en 1997, cuando el citado periodo pasó de ocho a quince años, rebajó la cuantía de la prestación en un 5,7%. Lo mismo que ocurriría si hoy en día se aumentase de quince a veinte años, que supondrían unos 60 euros mensuales en la renta media.

Por lo tanto, el informe sentencia que un trabajador que durante su vida laboral sufra el impacto de las dos reformas comprendidas desde 1997 tendría una disminución acumulada en la pensión de más del 10%.

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