… pero no hacia arriba sino que hacia abajo. ¡Cada día nos hacemos más tercermundistas!.

El problema que tenemos con la administración de justicia en España se está convirtiendo en una pesadilla, que puede llevarnos a un desastre sin precedentes.

Como he repetido en otras ocasiones, el Poder Judicial es el último asidero de esperanza para los ciudadanos en el sentido de que a cada quien se le de lo suyo; sin embargo, los evidentes síntomas de descomposición que aquejan a nuestro sistema judicial nos tienen en alerta roja.

A las sentencias incomprensibles, se unen las manifestaciones poco afortunadas de representantes de ese Poder del Estado y a ello se suma la mas que evidente repartición del mismo entre el PSOE y el PP que demuestra hasta que punto los partidos políticos han secuestrado la ¿democracia? que dicen tenemos y con ella el grado de manipulación al que nos han llevado a los que teóricamente somos sus dueños, ya que se dicen nuestros representantes, pero que en la realidad somos sus rehenes.

¿Hasta cuando va a durar esta farsa?

A continuación un claro ejemplo de las escaramuzas entre PSOE y PP por conseguir el control de la justicia:

“Dios los cría y ellos se juntan”

El PSOE dice que no sustituirá a García-Calvo como pide el PP porque los magistrados “no son de nadie”. [Jajajajaja ... a quién pretenden engañar].

(EFE) El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha señalado que los magistrados del TC “no son de nadie”, sino que son juristas de prestigio elegidos según establece la Constitución, y ha advertido al PP de que la Carta Magna “debe respetarse siempre”. Así lo señalado Alonso en rueda de prensa en la Cámara Baja, después de que la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría haya anunciado que va a proponer “en breve” que se respeten los precedentes y se proceda a sustituir “cuánto antes” al magistrado del TC Roberto García-Calvo, fallecido el pasado domingo.

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha señalado: “no pedimos ni más, ni menos, que lo que han sido los precedentes en supuestos similares”, tras lo que ha recordado el caso del magistrado del TC Fernando Garrido Falla, que en 2002 abandonó su cargo por motivos de enfermedad y fue sustituido en tan solo diez días.

Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha afirmado que el hecho de que se esté planteando este debate demuestra la necesidad de emprender una renovación profunda en el actual TC, al que ha calificado de ilegítimo. En su opinión, la única solución para que el TC recupere la credibilidad es que “dimita” o no conozca de los siete recursos que tiene pendientes sobre el Estatuto catalán. [Quien me iba a decir que estaría de acuerdo con alguien de ERC. Efectivamente, el actual TC es ilegítimo pues hace tiempo venció el periodo para el que sus magistrados fueron elegidos. Ahí están sin embargo con el beneplácito de los dos partidos mayoritarios en base a "sus conveniencias", que no la de los ciudadanos]

Ya he comentado en otras ocasiones [ver aquí] la importancia de la Justicia en el desarrollo de la vida de un país.

Si la justicia no existe o está viciada o corrompida no hay esperanza para los ciudadanos en el sentido de obtener cumplida satisfacción a sus legítimas demandas.

Desgraciadamente, nuestros operadores de justicia se han empeñado en los últimos tiempos en dar una imagen poco edificante que en nada ayuda para que esa confianza ciudadana, en que cada cual reciba lo que por derecho le corresponde, pueda estar fundamentada en un desempeño ético de los mismos, por encima de connotaciones políticas.

La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos y sin ella no hay sociedad que avance, por lo menos así lo creo firmemente; sin embargo, los operadores de justicia, y entre ellos particularmente los jueces, deben tenerla restringida en ciertas situaciones en función de la tarea jurisdiccional que los ciudadanos les hemos dado. Un juez no puede expresar su opinión sobre ningún tema que luego pueda tener que juzgar.

La cuestión es que no sólo están opinando de forma incorrecta, sino que además no se ponen de acuerdo entre ellos mismos a la hora de decidir sobre los mismos hechos y mientras a unos se les castiga (Tribunal Constitucional) a otros se les perdonan sus palabras de más vertidas en una campaña electoral.

Esta situación está entrando en unos derroteros muy peligrosos pues se está minando la confianza de los españoles en la administración de justicia y eso sólo conduce a un final seguro y comprobado en otros países … ¡tercermundismo!, y a través de él a la ley de la selva.

El CGPJ elimina también del informe de Inspección los reproches a los jueces firmantes del escrito contra el PP

L D (Europa Press) Según una nota distribuida por el CGPJ tras la reunión, los cinco vocales que integran la comisión entienden que la conducta analizada “no es susceptible de reproche disciplinario alguno, por lo que procede su archivo”.

En la resolución aprobada, la Comisión Disciplinaria ha modificado parcialmente la propuesta remitida por el Servicio de Inspección y, en tal sentido, ha eliminado lo contenido en la misma sobre la vulneración por parte de los investigados del artículo 395.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El párrafo ahora eliminado señalaba que los jueces firmantes del manifiesto “han infringido la prohibición contenida en el artículo 395.2 de la LOPJ, pues han intervenido en el proceso electoral vertiendo su opinión sobre ciertos temas de intrínseco contenido jurídico pero que, también tiene proyección política, dado el momento en que se ha hecho público, y externamente proyectan a la opinión pública una crítica del programa publicado por un partido político, aun cuando en él no se menciona expresamente”.

Este escrito estaba firmado por el jefe del Servicio de Inspección, José María Gil Sáez, y la jefa de la Sección de Informes del CGPJ, Carmen Herrero.

Destacaban que los 131 jueces –entre los que se encontraba el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez– y los vocales firmantes Montserrat Comas y Félix Pantoja participaron en el manifiesto en su calidad de magistrados, por lo que “es difícil que las opiniones allí recogidas puedan ser contempladas por la opinión pública en una situación distinta de la que su estatus determina”.

La información previa fue abierta el pasado 6 de marzo por orden del presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, que la curso al Servicio de Inspección del CGPJ telefónicamente y desde fuera de España, ya que en ese momento asistía a la Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebraba en Brasil.

Según una nota difundida en dicha ocasión por el Consejo, Hernando justificó la investigación en “su preocupación por el hecho de que los jueces participen de manera abierta y activa en la política y en los procesos electorales, pues ello, con independencia del reproche que pueda llegar a merecer en términos disciplinarios, compromete gravemente la percepción ciudadana de la imparcialidad política de los jueces, pieza básica de su independencia y garantía institucional para los justiciables”.

Un total de seis asociaciones pertenecientes al ámbito del Derecho, así como 300 firmas particulares, entre magistrados, fiscales, secretarios judiciales, catedráticos y profesores de la Universidad y abogados respaldaron el manifiesto en el que se criticaba, entre otros asuntos, la propuesta del PP para rebajar la edad penal.