Parece que los que integran los tres poderes del Estado en España están empeñados en convertir a nuestra Patria en una República Bananera. A mi lo de República me parece bien pues la Monarquía ha dado demasiadas señales de incompetencia en los últimos tiempos proyectando una imagen que refuerza de forma concluyente la famosa frase … “vivir a cuerpo de rey”; sin embargo, no puedo tragar por mi fina epiglotis lo de bananera.

Lo que ocurre en el Poder Judicial, y no de ahora, es una tragicomedia digna de … ¡juzgado de guardia!

Garzón y otros componentes de dicho Poder, incluida la Fiscalía, han olvidado de donde les viene el cargo y para qué lo tienen, que definitivamente ni es por la Gracia de Dios (estamos en el siglo XXI) ni para competir por los Oscar sino que para impartir JUSTICIA (¿sabrán lo que significa el vocablo?) en nombre de los ciudadanos que son los verdaderos detentadores del PODER que les ha sido “prestado” con unas condiciones a cumplir.

La imagen que muchos de los componentes de la judicatura (no son todos pero la excepción confirma la regla) están dando con sus actuaciones de “vedette” propiciando el abuso de autoridad y con él lanzando la imagen de encarnar a los mismísimos dioses del Olimpo, siendo por tanto inmunes a cualquier responsabilidad al estar por encima del bien y del mal, nos lleva a un desastre incalculable a menos que se haga algo rápidamente para evitar el camino de no retorno.

La JUSTICIA (con mayúsculas) es la última linea de contención de los ciudadanos en la defensa de sus problemas; la sociedad puede aguantar (mejor es que no suceda) malos administradores y malos diputados, pero lo que no puede aguantar es … ¡malos jueces!. Con jueces venales y prevaricadores la convivencia se derrumba.

Siempre me ha gustado mantener una posición de equilibrio, pues hay cosas que me gustan de la derecha y de la izquierda, y por ello me autodefino de centrista; lamentablemente, y debido a la alarmante falta de cultura que existe por la evidente degradación de la educación, observo con pena como se han multiplicado los papagayos que repiten conceptos que su cerebro no entiende y a todo el que critica al poder lo intentan descalificar por todos los medios, no con razones sino que con insultos … ¡hay que matar al mensajero en lugar de mejorar lo que está mal hecho!.

Adjunto pues una opinión de una persona de izquierda (Joaquín Leguina) con la que estoy absolutamente de acuerdo.

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Estoy totalmente de acuerdo con el editorial que reproduzco. Iba a escribir sobre este tema (ya lo he hecho en otras ocasiones), pero el mencionado editorial me ahorra hacerlo ahora pues reitero que concuerdo con el mismo en todo lo que señala, que creo es evidente para muchísimos españoles; cada vez más para desgracia de esos jueces de opereta que tenemos que sufrir los ciudadanos, pues aunque dicen que “administran la justicia en nuestro nombre” resulta que no podemos removerlos de su puesto si no lo hacen bien, como es evidente a todas luces en base a sus actuaciones de los últimos años.

Si la justicia española ha estado politizada en el pasado tal como algunos acusan, desde que el PSOE llegó al poder la situación ha tomado ribetes de tragedia para los españoles.

Mientras nuestros jueces se dedican a ¿investigar? asuntos internacionales que nos les competen en un afán más encaminado a salir en las portadas de los medios de comunicación que de buscar justicia, perdiendo el tiempo y el dinero que los contribuyentes aportan para que hagan su trabajo, los españoles, que es para los que laboran, deben de esperar con paciencia franciscana a que se dignen resolver sus asuntos; trabajo que NUNCA hacen en el tiempo que la propia ley estipula convirtiendo a la justicia en una pantomima ineficaz y burlesca. El que esto suscribe puede hablar, además, en primera persona pues en su momento denuncié a funcionarios españoles del servicio exterior destinados en Honduras por los delitos de denegación de auxilio e incumplimiento de las obligaciones del funcionario público y los funcionarios judiciales no hicieron absolutamente nada. Ahí si podían haber intervenido ya que se trataba de un asunto que competía a ciudadanos españoles a los que si alcanza la ley española en cualquier parte del mundo en el que se encuentren; claro que ese asunto no los hubiese sacado en las portadas faranduleras.

¿A dónde quieren llevarnos?

“¿Quiénes somos nosotros para arreglar la casa ajena cuando tenemos que arreglar tanto en casa propia?”. Podría elaborarse más el planteamiento de Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo, pero no exponerse de un modo tan claro y contundente como lo hizo este lunes en una declaración pública. Es en la fuerza de lo obvio donde radica su originalidad. Asistimos en España a una crisis judicial de primer orden, cuyo síntoma más visible es el malestar general con el estado de la justicia, mientras algunos jueces se empeñan en abrir peregrinas causas que poco o nada tienen que ver con la jurisdicción española, que es la que a ellos les compete.

La jurisdicción universal, un concepto jurídico muy reciente y bastante desconocido, podría resultar razonable siempre y cuando afectase a los intereses de súbditos españoles en el extranjero que, como bien ha indicado Dívar, no hayan sido suficientemente protegidos más allá de nuestras fronteras. Pero de ahí a convertir la jurisdicción universal en una suerte de salvoconducto para incoar causas internacionales y con cualquier pretexto hay un trecho considerable. Demasiados puntos negros tiene la justicia en España como para que sus administradores se dediquen a ir de justicieros por medio mundo.

Baltasar Garzón, el eterno juez estrella cuya ansía de notoriedad es sobradamente conocida dentro y fuera de España, es quizá el representante más distinguido de esta justicia universal ejercida desde un juzgado de Madrid. Pero no es el único ni el más sangrante. Otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha emprendido una campaña judicial contra el ejército de Israel por un bombardeo selectivo de éste sobre la casa de un líder de Hamas en un barrio de Gaza allá por el año 2002. De nada ha servido que el propio fiscal de la Audiencia haya pedido que se archive la causa por considerar que España no puede actuar como una “tercera instancia penal” en el caso. Andreu sigue en sus trece provocando incluso un conflicto diplomático con el Gobierno israelí.

Andreu, ocupado en arreglar en casa ajena descuidando el lamentable estado de la propia, se escuda tras el Convenio de Ginebra para juzgar un asunto que ni va ni viene con la justicia española. Y no sólo eso, todo el caso del ataque a Gaza apesta a las consignas clásicas de la izquierda antisemita. La causa, nacida de la denuncia de una ONG palestina, involucra actualmente a siete militares israelíes incluido el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, pero en origen incluía al entonces primer ministro Ariel Sharón, objetivo predilecto de la última hornada de judeofobia. Contrasta además el celo de Andreu en investigar al ejército israelí cuando ni él ni ningún otro juez se han preocupado nunca de escrutar las acciones de Hamas dentro de su territorio que no son, precisamente, muy respetuosas con los derechos humanos.

Podría decirse lo mismo de Garzón y sus incursiones internacionales en las que jamás ha iniciado proceso alguno contra dictadores socialistas, con o sin españoles de por medio. Este, según parece, es el universalismo de la justicia española. Un universalismo caprichoso que responde más a criterios ideológicos que jurídicos y que no le hace ningún bien a la justicia, ni a la diplomacia, ni a España.

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Los españoles no se fían de la Justicia. Esto es lo que se desprende de la encuesta realizada por el Sigma-Dos para El Mundo. De hecho, más de un 60 por ciento de los encuestados creen que el funcionamiento del órgano judicial es deficiente o muy deficiente. Además, más de la mitad de los españoles culpan de esta situación a los políticos por un 20,3 que creen que los responsable son los jueces. Una opinión generalizada, apoyada por el 66,1 por ciento, es que la Justicia protege más a los delincuentes que a las víctimas.

El 66% de los españoles cree que la Justicia protege más al delincuente que a la víctima

* Los españoles suspenden a la Justicia en eficacia y en independencia
* Seis de cada 10 tachan de ‘deficiente’ el funcionamiento de los juzgados
* Mujeres y personas de mayor edad, los más críticos con la Justicia

La imagen que refleja el espejo no es buena. No es sorprendente. De la mano de los estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Justicia ha sido sometida periódicamente al escrutinio sociológico y el resultado nunca ha sido positivo. De todos los poderes e instituciones del Estado, la Administración de Justicia ha sido tradicionalmente una de las peores valoradas por los ciudadanos, por debajo del Gobierno o del Parlamento. Pocas veces ha logrado superar un cuatro ramplón en una escala de cero a 10.

Los expertos en demoscopia sostienen que no es un mal resultado teniendo en cuenta que en estos estudios de opinión los promedios rara vez suben de seis o bajan de tres. También advierten que los juicios que emiten los ciudadanos sobre los Tribunales se basan, en gran medida, en las informaciones que proporcionan los medios de comunicación, más que en experiencias personales de conocimiento.

Aun teniendo en cuenta estas prevenciones, las encuestas que, como la elaborada por Sigma Dos para EL MUNDO, han pulsado el estado de la opinión social sobre la Justicia insisten en los mismos signos de alarma: el sistema judicial no es capaz de dar una respuesta eficaz —en términos de tiempo y de calidad— a las demandas ciudadanas de tutela de sus derechos; o los órganos judiciales están condicionados por la influencia que ejercen sobre ellos los poderes políticos, e instituciones situadas en la clave de bóveda del Estado de Derecho, como el Tribunal Constitucional, son percibidas como órganos politizados y en absoluto independientes. Éste es, a ojos de los ciudadanos, el dibujo de la Justicia española, y no sólo en la actualidad sino a lo largo de 30 años de democracia.

Seis de cada 10 de los encuestados por Sigma Dos califican de “deficiente” o “muy deficiente” el funcionamiento de los juzgados y sólo uno (el 8,1%) lo cree “bueno” o “muy bueno”. Son porcentajes aún más negativos que los que maneja el CGPJ, lo cual puede tener una explicación en el hecho de que la encuesta elaborada para EL MUNDO se realizó justo después del caso Mari Luz o del crimen de Alovera.

Las mujeres son más críticas que los hombres. Y la opinión empeora conforme los encuestados avanzan en edad: si el porcentaje que evalúa deficientemente el funcionamiento de la Justicia es del 52,9% cuando se trata de menores de 30 años, pasa a ser del 57,8% en la franja de 30 a 44 años y del 67,3% en la de 45 a 64 años. Ente los mayores de 65 años, el porcentaje de opinión negativa se eleva al 69,9%.

Por tendencia política, los votantes de IU son los que expresan un juicio más severo. Ninguno de ellos percibe un buen funcionamiento de los Tribunales. No obstante, son los del PP los que creen en un porcentaje más alto (el 68%) que funcionan mal y muy mal. Incluso entre los afines al PSOE son mayoría los que tienen una opinión negativa, aunque en mucha menor proporción (el 54,6%).

Poca protección a la víctima y escasa división de poderes

La responsabilidad de esta situación corresponde, en opinión mayoritaria del 51,1%, a los políticos, pero es considerable el porcentaje de los que culpan a los jueces (20,3%).

Seis de cada 10 ciudadanos creen que el sistema judicial garantiza más los derechos de los acusados que los de las víctimas. Se trata de una percepción reiterada en otros barómetros.

Aunque la mayoría considera que en España hay división de poderes (el 62,7% frente a la opinión negativa del 27,9%), la plasmación práctica de este principio parece dejar bastante que desear. Para una rotunda mayoría, del 70%, los gobiernos utilizan su poder en los tribunales para controlar las decisiones de los jueces. Lo creen más los hombres que las mujeres y es una opinión extendida en un porcentaje similar en todos los tramos de edad. Esta percepción está más instalada entre los votantes del PP (79%), que entre los de IU (76%) o PSOE (66,1%).

Desde el punto de vista de las instituciones, el juicio negativo sobre el Tribunal Constitucional es muy acusado. El 71,2% piensa que es un órgano politizado, frente al 17,6% que defiende su despolitización.

Respecto al CGPJ, son mayoría (el 59,8%) los que sostienen que hay que volver al sistema de elección de sus miembros compartido entre los jueces y el Parlamento, tal como se hacía antes de la ley socialista de 1985. En porcentajes minoritarios, son más los que creen que todos los vocales deberían ser elegidos por el propio cuerpo judicial (16,3%) que los que consideran preferible una designación exclusivamente parlamentaria (14,1%). Es llamativo que los votantes socialistas (el 61,5%) se declaren partidarios del sistema mixto, en discrepancia del criterio del PSOE.

También en contra de la tesis de su partido, a la mayoría de los votantes del PP le parecería bien que los delitos pasen a ser investigados por los fiscales, en vez de por los jueces. La opinión pública muestra una clara polarización respecto a este asunto: el 39,9% es partidario de que el fiscal asuma la instrucción penal frente al 37,7% que cree que debería permanecer en manos de los jueces.

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… pero no hacia arriba sino que hacia abajo. ¡Cada día nos hacemos más tercermundistas!.

El problema que tenemos con la administración de justicia en España se está convirtiendo en una pesadilla, que puede llevarnos a un desastre sin precedentes.

Como he repetido en otras ocasiones, el Poder Judicial es el último asidero de esperanza para los ciudadanos en el sentido de que a cada quien se le de lo suyo; sin embargo, los evidentes síntomas de descomposición que aquejan a nuestro sistema judicial nos tienen en alerta roja.

A las sentencias incomprensibles, se unen las manifestaciones poco afortunadas de representantes de ese Poder del Estado y a ello se suma la mas que evidente repartición del mismo entre el PSOE y el PP que demuestra hasta que punto los partidos políticos han secuestrado la ¿democracia? que dicen tenemos y con ella el grado de manipulación al que nos han llevado a los que teóricamente somos sus dueños, ya que se dicen nuestros representantes, pero que en la realidad somos sus rehenes.

¿Hasta cuando va a durar esta farsa?

A continuación un claro ejemplo de las escaramuzas entre PSOE y PP por conseguir el control de la justicia:

“Dios los cría y ellos se juntan”

El PSOE dice que no sustituirá a García-Calvo como pide el PP porque los magistrados “no son de nadie”. [Jajajajaja ... a quién pretenden engañar].

(EFE) El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha señalado que los magistrados del TC “no son de nadie”, sino que son juristas de prestigio elegidos según establece la Constitución, y ha advertido al PP de que la Carta Magna “debe respetarse siempre”. Así lo señalado Alonso en rueda de prensa en la Cámara Baja, después de que la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría haya anunciado que va a proponer “en breve” que se respeten los precedentes y se proceda a sustituir “cuánto antes” al magistrado del TC Roberto García-Calvo, fallecido el pasado domingo.

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha señalado: “no pedimos ni más, ni menos, que lo que han sido los precedentes en supuestos similares”, tras lo que ha recordado el caso del magistrado del TC Fernando Garrido Falla, que en 2002 abandonó su cargo por motivos de enfermedad y fue sustituido en tan solo diez días.

Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha afirmado que el hecho de que se esté planteando este debate demuestra la necesidad de emprender una renovación profunda en el actual TC, al que ha calificado de ilegítimo. En su opinión, la única solución para que el TC recupere la credibilidad es que “dimita” o no conozca de los siete recursos que tiene pendientes sobre el Estatuto catalán. [Quien me iba a decir que estaría de acuerdo con alguien de ERC. Efectivamente, el actual TC es ilegítimo pues hace tiempo venció el periodo para el que sus magistrados fueron elegidos. Ahí están sin embargo con el beneplácito de los dos partidos mayoritarios en base a "sus conveniencias", que no la de los ciudadanos]

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Ya he comentado en otras ocasiones [ver aquí] la importancia de la Justicia en el desarrollo de la vida de un país.

Si la justicia no existe o está viciada o corrompida no hay esperanza para los ciudadanos en el sentido de obtener cumplida satisfacción a sus legítimas demandas.

Desgraciadamente, nuestros operadores de justicia se han empeñado en los últimos tiempos en dar una imagen poco edificante que en nada ayuda para que esa confianza ciudadana, en que cada cual reciba lo que por derecho le corresponde, pueda estar fundamentada en un desempeño ético de los mismos, por encima de connotaciones políticas.

La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos y sin ella no hay sociedad que avance, por lo menos así lo creo firmemente; sin embargo, los operadores de justicia, y entre ellos particularmente los jueces, deben tenerla restringida en ciertas situaciones en función de la tarea jurisdiccional que los ciudadanos les hemos dado. Un juez no puede expresar su opinión sobre ningún tema que luego pueda tener que juzgar.

La cuestión es que no sólo están opinando de forma incorrecta, sino que además no se ponen de acuerdo entre ellos mismos a la hora de decidir sobre los mismos hechos y mientras a unos se les castiga (Tribunal Constitucional) a otros se les perdonan sus palabras de más vertidas en una campaña electoral.

Esta situación está entrando en unos derroteros muy peligrosos pues se está minando la confianza de los españoles en la administración de justicia y eso sólo conduce a un final seguro y comprobado en otros países … ¡tercermundismo!, y a través de él a la ley de la selva.

El CGPJ elimina también del informe de Inspección los reproches a los jueces firmantes del escrito contra el PP

L D (Europa Press) Según una nota distribuida por el CGPJ tras la reunión, los cinco vocales que integran la comisión entienden que la conducta analizada “no es susceptible de reproche disciplinario alguno, por lo que procede su archivo”.

En la resolución aprobada, la Comisión Disciplinaria ha modificado parcialmente la propuesta remitida por el Servicio de Inspección y, en tal sentido, ha eliminado lo contenido en la misma sobre la vulneración por parte de los investigados del artículo 395.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El párrafo ahora eliminado señalaba que los jueces firmantes del manifiesto “han infringido la prohibición contenida en el artículo 395.2 de la LOPJ, pues han intervenido en el proceso electoral vertiendo su opinión sobre ciertos temas de intrínseco contenido jurídico pero que, también tiene proyección política, dado el momento en que se ha hecho público, y externamente proyectan a la opinión pública una crítica del programa publicado por un partido político, aun cuando en él no se menciona expresamente”.

Este escrito estaba firmado por el jefe del Servicio de Inspección, José María Gil Sáez, y la jefa de la Sección de Informes del CGPJ, Carmen Herrero.

Destacaban que los 131 jueces –entre los que se encontraba el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez– y los vocales firmantes Montserrat Comas y Félix Pantoja participaron en el manifiesto en su calidad de magistrados, por lo que “es difícil que las opiniones allí recogidas puedan ser contempladas por la opinión pública en una situación distinta de la que su estatus determina”.

La información previa fue abierta el pasado 6 de marzo por orden del presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, que la curso al Servicio de Inspección del CGPJ telefónicamente y desde fuera de España, ya que en ese momento asistía a la Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebraba en Brasil.

Según una nota difundida en dicha ocasión por el Consejo, Hernando justificó la investigación en “su preocupación por el hecho de que los jueces participen de manera abierta y activa en la política y en los procesos electorales, pues ello, con independencia del reproche que pueda llegar a merecer en términos disciplinarios, compromete gravemente la percepción ciudadana de la imparcialidad política de los jueces, pieza básica de su independencia y garantía institucional para los justiciables”.

Un total de seis asociaciones pertenecientes al ámbito del Derecho, así como 300 firmas particulares, entre magistrados, fiscales, secretarios judiciales, catedráticos y profesores de la Universidad y abogados respaldaron el manifiesto en el que se criticaba, entre otros asuntos, la propuesta del PP para rebajar la edad penal.

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Parece ser que en nuestro Poder Judicial siguen los despropósitos, …si hacemos caso de la noticia que adjunto.

Dicha noticia pone de manifiesto una situación que comienza a ser ya muy preocupante en relación a las actuaciones de nuestros Tribunales, pues nos pone a los españoles en una clara situación de indefensión mientras que a los sinvergüenzas (corruptos, criminales, terroristas, etc.) en una clara situación de impunidad (los argumentos que están en negrita en el artículo de referencia ponen los pelos de punta si consideramos que estamos hablando ni más ni menos que del Tribunal Supremo).

No se que se han creído que son, nuestros jueces, incluidos por supuesto los del Tribunal Supremo, pero opino que para la mayoría de los españoles, que ya hace tiempo hemos dejado de ser “tontos” y ya no nos chupamos el dedito (¿será por eso que han abierto la puerta de nuestro país de forma descarada e incontrolada a los inmigrantes, analfabetos en su mayoría, y además quieren que puedan votar en las elecciones pues a nosotros ya no pueden engañarnos?), está claro que el poder jurisdiccional que poseen lo tienen en base a nuestra delegación y no por nacimiento o por la Gracia de Dios (alguien debería decirles que estamos en el siglo XXI y que la Edad Media ya es Historia) y por ello también tenemos claro que son nuestros empleados con un trabajo definido que hacer.

Me parece que deberíamos ir evolucionando y puesto que el poder, de acuerdo a nuestra Constitución (a menos que nuestra Constitución sea una mentira más) reside en los españoles, los jueces deberíamos elegirlos también en votaciones locales directas (locales porque así los votantes conocerían a los conciudadanos que optasen al cargo, con el añadido que debería poder presentarse todo el que quisiese sin interferencias de los partidos políticos) y de esa forma el que no actuase conforme al mandato recibido sería despedido en la siguiente elección por los votos de los ciudadanos.

La carrera judicial está demostrando que sólo sirve para amparar privilegios y manipular a la Justicia políticamente (los partidos lo controlan todo al objeto de que los ciudadanos no podamos revertir esos privilegios y por ello es claro que en nuestra Patria no existe una verdadera democracia) , vía los nombramientos de funcionarios, y seguir riéndose de nosotros.

¿Quién nombra a los componentes del Consejo General del Poder Judicial?

Estoy seguro que Usted, amable lector, sabe la respuesta …. ¡los partidos políticos!, que se han arrogado la facultad de decidir cual es nuestra voluntad en todo momento y para cualquier tema.

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Centro Jurídico Tomás Moro recurre el Auto del Tribunal Supremo sobre el archivo de las querellas contra Conde Pumpido

En el citado auto se imponen las costas procesales a ambas entidades.

minutodigital.com: 30.07.07

El Centro Jurídico Tomás Moro ha recurrido el Auto del Tribunal Supremo notificado a las partes el jueves 26 de julio, por medio del cual se archivan las querellas interpuestas por Centro Jurídico Tomás Moro y la AVT por el supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos cometido por el Fiscal General Conde Pumpido y el fiscal Fernando Burgos.

Además, en el citado auto se imponen las costas procesales a ambas entidades.

En palabras del Presidente del Centro Jurídico, Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, “lo sorprendente del caso es que parece que el Tribunal Supremo ni siquiera se ha tomado la molestia de leer nuestra querella. Según el TS no podemos fundar la misma en el contenido de la Sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a Otegui ¡Y resulta que nosotros nunca jamás citamos esta Sentencia en nuestra querella! Es más, ni lo hicimos ni lo pudimos hacer, pues la querella se presentó el 22 de marzo, el día siguiente a la retirada de la acusación del Ministerio Fiscal, y por tanto un día antes de que la Sentencia se dictara, pues ésta es de 23 de marzo. Es vergonzoso, pues, que el más Alto Tribunal español resuelva una querella de tan importante trascendencia jurídica y social sin haberse leído siquiera el texto de la misma”.

Por otra parte, el Sr. Pérez-Roldán estima que el Auto recurrido “viene a sentar el principio de irresponsabilidad del Ministerio Fiscal, una institución jurídica reservada hasta ahora al Rey, que era el único español penalmente irresponsable de cualquier delito que pudiera cometer. Además, no deja de resultar cómico que por cumplir nuestro deber, es decir, denunciar aquellos comportamientos que pudieran ser constitutivos de delito, se nos impongan las costas procesales mientras que a los Fiscales, que incumplieron su deber de perseguir los delitos, se les ampara hasta al punto de archivar las querellas sin haber practicado ni una sola diligencia de las solicitadas en las querellas presentadas”.

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