Información elaborada por © Larrauri & Martí Abogados

Si en otros artículos nos referíamos a las pensiones públicas a la que tienen derecho la gente de “a pie” (Las 5 reglas de oro para conseguir una buena pensión de jubilación, esta vez analizamos en profundidad las pensiones de colectivos privilegiados, como los altos cargos institucionales (ministros, diputados, secretarios de Estado, etc). Precisamente, para estos altos cargos existe la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones como recompensa por el arduo trabajo realizado.

Efectivamente, la primera gran diferencia entre una pensión pública y una pensión de un alto cargo, o mejor dicho entre un ciudadano y un alto cargo institucional, es que así como el ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del erario público, el ministro, el senador, diputado, secretario, etc…, podrán percibir dos y tres salarios del Erario Público.

Es más, todos los contribuyentes deben tributar por sus ingresos, pero un tercio del sueldo de los diputados o senadores no está sujeto a IRPF porque se considera como indemnización para gastos de su cargo.

Además, todos nosotros debemos cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a la que tengamos derecho, sin embargo a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación.

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Fondos de pensiones latinoamericanos: el negocio redondo de la banca española

Que los fondos acumulados en los sistemas públicos de pensiones constituyen uno de los principales objetivos al que tratan de acceder a toda costa los bancos no es ninguna novedad.

De hecho, en Europa los estudios que tratan de demostrar la inviabilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones para justificar con ello su transferencia al sistema privado son tan numerosos como erróneos suelen ser sus diagnósticos.

Es más, en algunos países –como, por ejemplo, España- ya se ha conseguido que los gobernantes asuman como acertado ese pronóstico y, si no avanzan más hacia la privatización del sistema, es porque son conscientes de la impopularidad de la medida y, consecuentemente, del rechazo social al que se enfrentarían. [Comentario Autor Blog] Los votos son los votos, aunque sólo se produzcan una vez cada cuatro años.

Para tratar de vencer ese rechazo, el gobierno español no sólo facilita financiación a los mismos investigadores que vienen errando de forma continuada en sus predicciones sino que también favorece fiscalmente la contratación de fondos de pensiones privados de carácter complementario.

El objetivo de esas medidas es evidente y apunta a la consecución de una doble legitimidad que facilite y viabilice socialmente un progresivo proceso de privatización del sistema público de pensiones.

Por un lado, se busca la legitimidad técnica derivada de los resultados que presentan aquéllos que se supone que saben de la cuestión, los tecnócratas, y que, a tal efecto, se encargan de pronosticar continuadamente el carácter insostenible del sistema público en el medio plazo.

Y, por otro lado, se trata de conseguir también la legitimidad popular que confiere el comportamiento de las mayorías: cuanto más personas contraten fondos de pensiones privados se supone que menor será la probabilidad de que todas esas personas estén equivocadas. En ese sentido, la seguridad de cobrar una pensión una vez alcanzada la jubilación pasará por apostar por la solución individual en lugar de presionar políticamente para que las autoridades públicas garanticen colectivamente ese derecho. Las mayorías nunca se equivocan, parece ser el lema, y, por lo tanto, seguir su comportamiento deja de ser síntoma de adocenamiento y se convierte en un comportamiento eficiente.

Tampoco es ninguna novedad que los procesos de privatización de los sistemas públicos de pensiones encontraron un terreno abonado para su implementación en América Latina durante las décadas de los ochenta y noventa. Estos procesos estuvieron avalados desde sus inicios por el Banco Mundial que los convirtió en una de las “condicionalidades” necesarias para otorgar financiación a los países que se la demandaban.

Allí acudieron como aves carroñeras las principales entidades financieras occidentales -y, entre ellas, las españolas- a la búsqueda del preciado botín. La gestión privada se vendió como la panacea frente a la supuesta ineficiencia de la gestión pública. De esa forma, los sistemas de reparto, basados en la solidaridad intergeneracional, fueron masivamente sustituidos por fondos de capitalización privados o por sistemas mixtos que otorgaban un papel preponderante a la gestión privada y, más concretamente, a las empresas administradoras de fondos de pensiones controladas por los grandes emporios financieros. [Comentario Autor Blog] La ineficacia de la gestión pública es un cuento chino de Milton Friedman (ver aquí) y compañía, que les ha venido muy bien a las empresas usureras a la hora de engordar sus cuentas de resultados; y lo peor es que mucha gente, demasiada, se lo había creído. Pero ya comienzan a despertar de la anestesia.

Evidentemente, el discurso que envolvió todos estos procesos nunca llegó a justificar la privatización sobre la base de los beneficios que conseguirían las instituciones financieras privadas que se hicieran con el negocio sino que, por el contrario, les atribuía una naturaleza cuasi mesiánica: ante la supuesta inviabilidad del sistema a corto plazo y la ineficiencia pública para gestionarlo era necesario transferir sus fondos al sector privado que, mucho más avezado en la rentabilización financiera de los activos, contribuiría de forma decisiva a preservar la seguridad económica de los trabajadores una vez concluida su vida laboral activa.

Sin embargo, y como suele ocurrir cuando la retórica se pone al servicio de los intereses de los poderosos, la realidad ha transcurrido por otros derroteros.

De entrada, al propio Banco Mundial no le ha quedado más remedio que reconocer el fracaso de las reformas de los sistemas de jubilación privados latinoamericanos que el mismo auspició en un polémico informe titulado “Manteniendo la promesa de la Seguridad Social en América Latina” (Keeping the Promise of Social Security en Latin America, 2004). Informe en el que incluso se acaba defendiendo la reconstrucción de los sistemas públicos para universalizar la cobertura ante la constatación de que la gran mayoría de trabajadores ha quedado totalmente excluida del sistema de seguridad social (de hecho, salvando el caso de Chile, el promedio de cobertura del sistema apenas llega al 20%) lo que redundará en el aumento de la pobreza en la vejez en los años venideros.

Pero, además, el Banco Mundial también ha cuestionado la gestión privada de esos fondos y denunciado las excesivas comisiones que han cobrado las administradoras de fondos de pensiones aprovechando su condición de oligopolio.

La prueba palmaria de ello lo encontramos en la venta que acaba de realizar el Banco Santander que se ha desecho de las gestoras de fondos de pensiones que poseía en América Latina en una operación por valor de 950 millones de euros. Venta que le reportará una plusvalía de 600 millones de euros.

Y todo ello a costa de ofrecer un servicio que, a todas luces, ha resultado insuficiente y caro; que ha desatendido las necesidades de quienes no pueden aportar al sistema sin plantearse cuál puede ser su futuro; y que ha contribuido a desvirtuar la esencia de los sistemas de seguridad social, minando la solidaridad intracomunitaria y permitiendo que la incertidumbre, cuando no la miseria cierta, sea el horizonte más probable para la mayor parte de la población cuando la incapacidad le impida continuar en el mercado laboral.

De esta forma, y es aquí donde se encuentra el quid de la cuestión, la supuesta crisis que aquellas reformas vinieron a prevenir ha transmutado su naturaleza. Si entonces fue una crisis financiera cuya virtualidad era invocada por los grandes bancos y refrendada por el Banco Mundial; la próxima será una crisis social de grandes magnitudes que afectará, cómo no, a los más pobres entre los pobres y frente a la que parece que no hay tanto interés por anticiparse como lo hubo en aquel entonces.

Mientras tanto, Botín, presidente del Banco Santander, recoge el ídem y, como siempre, “gana la banca”.

Autor: Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Política de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación CEPS.

Rebelión

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Una de las cuestiones, entre otras ya que no es la única, que demuestran la discriminación de la que somos objeto los españoles que residimos en el exterior es la cuestión relativa a las pensiones.

Por una parte, es muy claro que el sistema ha sido muy mal gestionado por nuestros políticos desde cualquier punto de vista que se quiera ver; tanto económico como de privilegios…

Los ciudadanos estamos defraudados de esta “exclusiva” raza de buscadores de fortuna, alejados de la realidad, aislados en su impermeable paraíso particular de complementos y privilegios. Uno de estos privilegios es un insulto a las personas que han cotizado más de 35 años y deben seguir trabajando para tener una jubilación de subsistencia. La Constitución ampara los derechos de los ciudadanos. No acertamos a encontrar en la Carta Magna el artículo que distingue entre la clase política y el resto de ciudadanos. Desde su posición se benefician de muchos privilegios. Con ocho años de trabajo, tienen suficiente para asegurarse una jubilación millonaria. Percibir una envidiable liquidación, pluses, extras y demás ingresos,…y, ¡¡Siguen trabajando!!. Piensen un poco… ¡ocho años!, y jubilación; ¡Máxima!. Ningún otro trabajador puede hacer eso. Constitución Española: ¿Todos somos iguales? [leer aquí ]

y, además, siempre ha sido usado como tema estrella para la demagogia, pues es muy claro que el de las pensiones es un asunto muy sensible para cualquier ciudadano. En periodos electorales nunca faltan los ofrecimientos para subirlas, como todo el mundo sabe, aunque los que ofrecen esas subidas no sepan de donde van a sacar los fondos. ¡Qué importa engañar a cambio de 4 años en el poder!.

Nuestra Seguridad Social está en problemas para los españoles que tienen la suerte de estar en España, los que estamos en el exterior (por lo menos los que estamos en países como Nicaragua) ni la olemos aunque nuestras leyes teóricamente nos amparan, ya que la infame política migratoria de nuestros políticos la han puesto en precario [para ellos los emigrantes no suponen ningún problema ya que no les disputan sus "puestos de trabajo", no les perjudican su asistencia sanitaria, no les dificultan la vida en sus barrios, etc.]

Nuestras pensiones, después de estar trabajando toda una vida, también están en el alero por la mala administración de que han sido objeto y el aumento de años requeridos de cotización para calcularlas es un atropello incalificable para los españolitos de a pie (más si lo comparamos con el tiempo que ellos necesitan para sus pensiones) y catastrófico para los españoles que estamos en el exterior que seguimos pagando en base a un convenio “especial” que no nos permite escoger el rango de nuestra cotización y por ello nos ha hecho perder los derechos adquiridos cuando trabajábamos en España y nos ha condenado a cobrar una pensión que no será ni de subsistencia.
Como esos políticos que han secuestrado el poder en su beneficio no tienen ni idea de como salir del atolladero sólo se les ocurren iniciativas que curiosamente siempre son en perjuicio de los ciudadanos ya que en lugar de ser innovadoras e imaginativas …. ¡siempre son recesivas!.

La reforma de las pensiones introducida en 1997, cuando el citado periodo pasó de ocho a quince años, rebajó la cuantía de la prestación en un 5,7%. Lo mismo que ocurriría si hoy en día se aumentase de quince a veinte años, que supondrían unos 60 euros mensuales en la renta media.

Por lo tanto, el informe sentencia que un trabajador que durante su vida laboral sufra el impacto de las dos reformas comprendidas desde 1997 tendría una disminución acumulada en la pensión de más del 10%.

Por curiosidad, … ¿y los miembros de la familia real qué pensión cobran?

¿Cual es el futuro que nos espera?, ¿hasta cuando nos van a hacer comulgar con ruedas de molino? y lo que es más importante …¿hasta cuando vamos a permitirlo?.

ooooooooooOoooooooooo

Trabajo cree que el incremento de las pensiones es “insostenible”

Publicado el 09/09/2008, por M. Valverde

Los expertos recomiendan ampliar el periodo mínimo de cotización obligatorio y aumentar las cotizaciones sociales. Aconsejan el reparto del ajuste entre los trabajadores actuales y los que se incorporen en el futuro.

El problema para la Seguridad Social ya no está en reformar el sistema de pensiones, sino en hacerlo de la forma más justa posible para los actuales y futuros jubilados, ante lo que los expertos vaticinan “un crecimiento insostenible de los derechos de pensiones” y el progresivo envejecimiento de la población.

Esta es una de las conclusiones más relevantes del informe sobre La cuantía de las pensiones a medio plazo, sus efectos en el sistema y el estudio de alternativas, financiado y recogido por la Seguridad Social a través del Fomento de la Investigación de la Protección Social.

Así, los autores del informe, de las universidades de Salamanca, autónoma de Madrid, UGT y la consultora de temas sociales y laborales, Labour Asociados, cuestionan, por primera vez, “la justicia” para todas las generaciones de pensionistas de la reforma más reclamada por todos los expertos en protección social, y sugerida a los sindicatos por el Gobierno, para garantizar la viabilidad de las prestaciones públicas. Es decir, la ampliación del número de años de cotización exigida para calcular la cuantía de la pensión, lo que traería una reducción general de la pensión a cobrar. Actualmente, y en líneas generales, está en los últimos quince años de la vida laboral.

En este contexto, el informe elaborado para la Seguridad social explica que esta propuesta, hasta incluso coincidir con toda la vida laboral, “no se plantea como resultado de una reflexión teórica sobre qué es un sistema de pensiones justo, sino desde la urgencia práctica de hacer frente al que se entiende como un crecimiento insostenible de los derechos de pensiones”.

Ganadores y perdedores
“Esto es –continúa el informe– el objetivo no es reformar las pensiones para que sean más justas, sino reformarlas para que sean menos gravosas”. Los autores del estudio reconocen que, en todo caso, “siempre habrá ganadores y perdedores [...] en la necesaria reforma de los sistemas de [pensiones] de reparto [como el español] ante la evolución demográfica adversa que se prevé en un futuro relativamente próximo”.

Por lo tanto, en su opinión, los más justo para los pensionistas y los del futuro, en el camino de la viabilidad del sistema, “es el reparto de la carga del ajuste” intergeneracional. Para los trabajadores del presente, con un aumento del periodo mínimo de cotización exigido, y para los del futuro, con “una subida de las cotizaciones” sociales, toda vez que “las generaciones del futuro serán más ricas gracias a los esfuerzos productivos del conjunto de generaciones pasadas, lo que estaría justificado en términos de equidad intergeneracional”.

El informe, realizado con datos de la Seguridad social, a partir de la evolución de la vida laboral de los trabajadores y de los salarios es muy claro sobre el impacto en la pensión del periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión. El trabajo señala que cuanto más amplio sea el número de años de contribución obligatoria más fácil será que, en el cálculo, entren periodos “con una cotización más baja” y, por lo tanto, que reduzca la pensión del futuro.

Esto es así, porque entrarían en la ponderación los primeros años de la vida laboral que, en líneas generales, tienen retribuciones más bajas que los del final de la carrera laboral. En definitiva, la reforma de las pensiones introducida en 1997, cuando el citado periodo pasó de ocho a quince años, rebajó la cuantía de la prestación en un 5,7%. Lo mismo que ocurriría si hoy en día se aumentase de quince a veinte años, que supondrían unos 60 euros mensuales en la renta media.

Por lo tanto, el informe sentencia que un trabajador que durante su vida laboral sufra el impacto de las dos reformas comprendidas desde 1997 tendría una disminución acumulada en la pensión de más del 10%.

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